Mandar a los “venecos” para su casa. La consigna expresaba en un chat la gran preocupación de los socios brasileños de una red de extracción ilegal, tráfico y lavado de oro que funcionaba en el norte de Brasil, tras verse descubiertos por la Policía Federal de ese país, el 28 de octubre de 2023.
Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, capital del estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó en el último momento, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.
Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.
Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.
El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Mendez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro desde los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023 también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño al que arrestaron cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.
Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red de comercio ilegal y blanqueo de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez en Santarém. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela.
El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron llevados a prisión. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia.
Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela.
La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.
En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol.
Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil por los traficantes) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. El flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y los efectos de las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, puestas al día en mayo de 2025.
La más reciente evidencia de la reorientación del flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro, valorados en unos 111,7 millones de dólares, que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro en carreteras.
¡Ábrete, sésamo!
Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño.
El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados, así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería a los investigadores que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. A esta ciudad, también llamada la Villa del Yocoima, se le considera como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y en definitiva decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.
Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Ciudad Guayana y con sede central en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero, donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.
De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un letrero duplicado, con el nombre de la compañía escrito en letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa un ángulo de las fachadas de una edificación de dos plantas que dan, cada una respectivamente, a las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte de Upata.
Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.
Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.
“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia [que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta la movilización de los mineros desde y hacia lugares ya de por sí de difícil acceso]. Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.
Su repaso no se reduce a tan solo en una condición meteorológica o a un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.
“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.
Alto brillo, bajo perfil
Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos, de los que nadiue en el sector puede dar fe de su trayectoria en las lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad, como suele pasar. Se nota además que sus firmas fueron escritas con una misma letra de molde.
Aunque solo sea ese par de nombres dudosos los que figuran en el registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización.
El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido de este modo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.
El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, con lo que se aspiraba a consolidar un mejor monitoreo de la cadena de comercialización. Una de las principales banderas de la administración de Lula es, de hecho, la de “acabar con la minería ilegal”. En línea con ese propósito, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.
La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para entonces vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar de manera eficaz la compraventa de oro en su país de origen.
Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual la simultaneidad de ambos acontecimientos: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron entonces la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando, captando a venezolanos que ya se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará -considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña-, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A.
Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que hoy se exhiben en Upata no muestran, en todo caso, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no aparece en los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela). En su lugar, lo que se encuentra sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, es otro nombre en letra pequeña: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.
En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pero este pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poca alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.
La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.
La nómina venezolana
La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil, entre otros.
A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad.
Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la trama de contrabando hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal.
“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.
Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato, que en 2013 estalló en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río padre de Venezuela, y vecina del llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.
Gregorio Carrasco también fue identificado como socio minoritario de la firma jurídica M Abdul Mansur & CIA Ltda, registrada en 2022 en Boa Vista, que opera en el comercio de joyas bajo el nombre comercial de Baldar, según su ficha mercantil. La policía de Brasil descubrió que esta sociedad nunca reportó ganancias y no mantenía relaciones con ninguna institución financiera. Tampoco tuvo ninguna transacción con Carrasco. Era un cascarón.
Aunque un juez de Santarém le otorgó, el 15 de diciembre de 2024, una medida precautelar de libertad condicional con monitoreo electrónico, tras un habeas corpus que su abogado presentó exitosamente, Carrasco Romero no volvió a comparecer ante los tribunales. Por lo tanto, sigue prófugo de la justicia brasileña.
Quien también se mantiene en contumacia ante la justicia brasileña, pero, en cambio, no oculta ni sus paraderos ni los signos de su súbita riqueza, es el venezolano Richard Alexander Espinett Gonzalez, de 34 años de edad, considerado como uno de los líderes coordinadores del transporte del oro desde Boa Vista. El Jefe Alexandre o Jefe Alexander, como de manera indistinta se le mencionaba en las comunicaciones internas de la red, recibió de otros miembros 132.600 reales (casi 24.000 dólares) mediante una sola transacción que la Policía Federal detectó.
Hasta 2015 fue empleado de una farmacia en Upata, por lo que se ve en los registros del IVSS. Pero, apenas unos pocos años después, Espinett Gonzalez pudo abrir en Boa Vista dos firmas de compraventa de automóviles usados: Dinamica Moto E Carro Pecas Ltda (2023) y Full Cars (2024).
Espinett González tiene antecedentes penales. Ese año tal vez decisivo de 2015, fue detenido en Puerto Ordaz por porte de drogas y distribución de estupefacientes, según informó en su momento la prensa local.
En Instagram y Facebook publica fotos de diferentes parajes en Brasil y Venezuela. En 2023 se mudó a Boa Vista, según las geolocalizaciones y otras pistas derivadas de las imágenes que muestra en sus redes. Las imágenes siguieron ofreciendo testimonios de diversos viajes posteriores a esa fecha: en la playa, de vacaciones familiares en Brasilia, y videos de navegación por un cauce del Amazonas. También hay fotos en una plaza de Guyana. En casi todas aparece hablando por teléfono móvil.
Al igual que Carrasco Romero, un juez conmutó la prisión preventiva a Espinett, el 15 de diciembre de 2024, tras solicitar también un habeas corpus. También del mismo modo, Espinett González sigue sin comparecer ante el tribunal para cumplir con las premisas que sus medidas de libertad condicional establecieron. Si continúa prófugo, no lo hace a escondidas.
Sus más recientes posts de Instagram, que datan de julio y agosto 2025, lo muestran acampando en la playa de Cuyagua, costa del estado centro norteño de Aragua; también recorriendo la avenida Soublette de La Guaira, sobre el litoral central de Venezuela, a apenas a 30 kilómetros de Caracas, y la Autopista Regional del Centro, que conecta a la capital venezolana con los estados centrales, conduciendo una motocicleta BMW modelo GS 1250 Denali, que en el mercado tiene un valor promedio de 20.000 dólares.
Frente a casos como los de Carrasco y Espinett, en la actualización del caso de mayo de 2025, un juez federal brasileño con razón observó que ante una “organización criminal sólida y estructurada, centrada en el comercio ilegal de oro, las medidas no privativas de la libertad resultan ineficaces para frenar la continua actividad delictiva de sus miembros”.
Y conexos
Por su parte, Adrián Domingo Urbina, de 29 años, otro de los venezolanos de la organización criminal, ya traía consigo el know how para actuar en el mercado de los criptoactivos. Como muchos otros jóvenes de su época, atraídos en Guayana por el negocio emergente de las criptomonedas, también tenía un puesto de compraventa de oro en Santa Elena de Uairén, ciudad del estado Bolívar contigua a la frontera con Brasil. Precisamente por esos atributos sería captado por los líderes de la red.
Su nombre aparece en transacciones financieras sospechosas destinadas a dos figuras centrales de la organización criminal. De su cuenta saldrían pagos para la compra de celulares que fueron utilizados por miembros de la red. En junio de 2024, seis meses antes de que la red criminal quedase desmantelada, registró en Boa Vista la firma Tron Soluções e Services Digital, vinculada al sector de los criptoactivos.
Su perfil de Facebook indica que vive en Porlamar, en la turística isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en el Caribe nororiental venezolano. La orden de captura en su contra sigue vigente.
Meyer Ali, alias de Mayez Abdul Mansour, aparece varias veces relacionado con transacciones a Alibaba Gold Center, según se lee en los mensajes intercambiados por los miembros de la red. A este comerciante de 43 años de origen libanés se le señala en las investigaciones judiciales como testaferro o financista de la red. Figura como socio mayoritario de Baldar M Abdul Mansour Comercio LTDA, registrada como microempresa en octubre de 2022 en Boa Vista, dedicada al comercio de relojería, en la que también tuvo participación Gregorio de Jesús Carrasco Romero, el ya mencionado gerente de la red. En Boa Vista era propietario de dos vehículos que miembros de la red criminal utilizaban, de acuerdo a las investigaciones judiciales brasileñas.
El nombre de Baldar también lo lleva una empresa del ramo textil que Mansour incorporó en Caracas en mayo de 2012, con el fin explícito de actuar en el “corte, confección, fabricación y comercialización de todo tipo de prendas de vestir”. Como si no pesara sobre él una orden de arresto emitida en Brasil por tráfico y lavado de oro, Mansour habla en videos promocionales de Instagram, Facebook y TikTok sobre las bondades de sus productos textiles y la actividad de su fábrica, cerca de la avenida Panteón, en el centro de Caracas. También cuenta con un puesto de venta en el popular Mercado Bolivariano de La Hoyada, en el centro de Caracas, al que el mismo Mansour invita desde sus redes sociales. El último video de Instagram y Tik Tok en el lugar lo publicó el 14 de diciembre de 2024, tres días después de que la Policía Federal de Brasil lanzara la Operación FlyGold.
Mención aparte en esta sección la tiene Aldo José Pinheiro, alias Saymon o Cabramacho, quien, si bien es brasileño, tiene conexiones directas con Venezuela. Según las autoridades brasileñas, se trata de uno de los principales cabecillas de la organización criminal, encargado de supervisar la logística del transporte de oro, hasta el punto de decidir los lugares de recepción y entrega del metal ilícito. Mantenía contacto con proveedores de oro y sus transportistas, además de negociar los envíos internacionales.
Pinheiro tenía un patrón de viajes fuera de Brasil, con destinos que regularmente incluían Venezuela. Registra un histórico de salidas con destino a Venezuela entre 2013 y 2023, en el que se cuentan los ingresos en carro al estado Bolívar por el punto fronterizo de Pacaraima, cercano a la venezolana Santa Elena de Uairén.
Hay registro fotográfico de sus visitas a la capital de Venezuela. El 29 de agosto de 2023, posó junto a otro líder de la banda, Adriano Aguiar de Castro, al lado de una avioneta en el Aeropuerto Caracas Oscar Machado Zuloaga, en Charallave, a 57 kilómetros de distancia de la capital. Al día siguiente, posó con el mismo socio en la terraza del restaurante Menta y Romero, en el centro comercial Altamira Village de Caracas, un sitio en el noreste de la ciudad que frecuenta la oligarquía emergente del chavomadurismo.
Pinheiro estaba en Caracas cuando el tribunal en Brasil dictó una orden de prisión preventiva en su contra, el 11 de diciembre de 2024, según dijo su defensa. De acuerdo a la misma versión, Pinheiro se encontraba entonces hospitalizado en el Hospital de Clínicas Caracas, un costoso y reputado centro privado de salud. No obstante, las investigaciones determinaron que había sido dado de alta el mismo día. Aparte, las facturas de la clínica privada se referían a consultas médicas y exámenes clínicos, y no a una reclusión por motivos de alguna emergencia de salud o procedimiento quirúrgico. “Continúa evadiendo la aplicación de la ley penal”, dice el expediente.
La alianza de Armando Info y Mongabay Latam solicitó entrevistas a Gregorio de Jesús Carrasco Romero, Richard Alexander Espinett Gonzalez, Adrián Domingo Urbina y Mayez Abdul Mansour por correo electrónico. Esta historia se actualizará cuando envíen sus versiones.
La justicia de Brasil expresa sus sospechas sobre el destino de los once prófugos. “Es probable que aún realicen actividades ilícitas relacionadas con la venta de oro en Itaituba, Pará y otras regiones”, indica el expediente judicial de mayo de 2025, que pone al día el estado del caso que las operaciones FlyGold destapó. El documento agrega que existen indicios de que “muchos se mantienen ocultos en diversas regiones de Brasil, como Pacaraima y Boa Visita en el estado de Roraima. También en Navegantes, Santa Catarina, Manaos, Amazonas, Aripuanã, Mato Grosso do Sul, São Paulo y, en particular, Venezuela, lugar donde el oro podría comercializarse”.
Aunque muchos compradores de oro en Upata dicen desconocer el origen del mineral con que tratan, algunos admiten que una parte del oro que amalgaman sigue siendo de origen brasileño. “Sí, aquí trabajamos con el oro brasileño”, afirmaba ante los reporteros el encargado de un negocio de compraventa de oro, en julio de 2025. En la sucursal de Alibaba Gold en Upata niegan que el oro que compran provenga del país fronterizo: “Aquí no trabajamos con oro brasilero”, enfatiza uno de sus encargados tras la consulta de los reporteros.
Pero son varios los cómplices del negocio ilícito, descubierto en Brasil. que ni se ocupan en disimular sus paraderos en Venezuela. Mientras, el gobierno de Maduro se hace de la vista gorda sobre las ramificaciones venezolanas del caso. Una fábrica de franelas deportivas o una moto de 20.000 dólares a toda velocidad en la principal autopista del país no parecen rastros difíciles de seguir.
Mandar a los “venecos” para su casa. La consigna expresaba en un chat la gran preocupación de los socios brasileños de una red de extracción ilegal, tráfico y lavado de oro que funcionaba en el norte de Brasil, tras verse descubiertos por la Policía Federal de ese país, el 28 de octubre de 2023.
Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, capital del estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó en el último momento, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.
Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.
Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.
El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Mendez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro desde los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023 también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño al que arrestaron cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.
Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red de comercio ilegal y blanqueo de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez en Santarém. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela.
El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron llevados a prisión. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia.
Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela.
La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.
En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol.
Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil por los traficantes) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. El flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y los efectos de las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, puestas al día en mayo de 2025.
La más reciente evidencia de la reorientación del flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro, valorados en unos 111,7 millones de dólares, que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro en carreteras.
¡Ábrete, sésamo!
Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño.
El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados, así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería a los investigadores que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. A esta ciudad, también llamada la Villa del Yocoima, se le considera como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y en definitiva decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.
Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Ciudad Guayana y con sede central en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero, donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.
De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un letrero duplicado, con el nombre de la compañía escrito en letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa un ángulo de las fachadas de una edificación de dos plantas que dan, cada una respectivamente, a las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte de Upata.
Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.
Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.
“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia [que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta la movilización de los mineros desde y hacia lugares ya de por sí de difícil acceso]. Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.
Su repaso no se reduce a tan solo en una condición meteorológica o a un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.
“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.
Alto brillo, bajo perfil
Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos, de los que nadiue en el sector puede dar fe de su trayectoria en las lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad, como suele pasar. Se nota además que sus firmas fueron escritas con una misma letra de molde.
Aunque solo sea ese par de nombres dudosos los que figuran en el registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización.
El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido de este modo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.
El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, con lo que se aspiraba a consolidar un mejor monitoreo de la cadena de comercialización. Una de las principales banderas de la administración de Lula es, de hecho, la de “acabar con la minería ilegal”. En línea con ese propósito, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.
La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para entonces vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar de manera eficaz la compraventa de oro en su país de origen.
Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual la simultaneidad de ambos acontecimientos: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron entonces la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando, captando a venezolanos que ya se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará -considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña-, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A.
Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que hoy se exhiben en Upata no muestran, en todo caso, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no aparece en los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela). En su lugar, lo que se encuentra sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, es otro nombre en letra pequeña: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.
En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pero este pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poca alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.
La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.
La nómina venezolana
La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil, entre otros.
A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad.
Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la trama de contrabando hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal.
“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.
Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato, que en 2013 estalló en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río padre de Venezuela, y vecina del llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.
Gregorio Carrasco también fue identificado como socio minoritario de la firma jurídica M Abdul Mansur & CIA Ltda, registrada en 2022 en Boa Vista, que opera en el comercio de joyas bajo el nombre comercial de Baldar, según su ficha mercantil. La policía de Brasil descubrió que esta sociedad nunca reportó ganancias y no mantenía relaciones con ninguna institución financiera. Tampoco tuvo ninguna transacción con Carrasco. Era un cascarón.
Aunque un juez de Santarém le otorgó, el 15 de diciembre de 2024, una medida precautelar de libertad condicional con monitoreo electrónico, tras un habeas corpus que su abogado presentó exitosamente, Carrasco Romero no volvió a comparecer ante los tribunales. Por lo tanto, sigue prófugo de la justicia brasileña.
Quien también se mantiene en contumacia ante la justicia brasileña, pero, en cambio, no oculta ni sus paraderos ni los signos de su súbita riqueza, es el venezolano Richard Alexander Espinett Gonzalez, de 34 años de edad, considerado como uno de los líderes coordinadores del transporte del oro desde Boa Vista. El Jefe Alexandre o Jefe Alexander, como de manera indistinta se le mencionaba en las comunicaciones internas de la red, recibió de otros miembros 132.600 reales (casi 24.000 dólares) mediante una sola transacción que la Policía Federal detectó.
Hasta 2015 fue empleado de una farmacia en Upata, por lo que se ve en los registros del IVSS. Pero, apenas unos pocos años después, Espinett Gonzalez pudo abrir en Boa Vista dos firmas de compraventa de automóviles usados: Dinamica Moto E Carro Pecas Ltda (2023) y Full Cars (2024).
Espinett González tiene antecedentes penales. Ese año tal vez decisivo de 2015, fue detenido en Puerto Ordaz por porte de drogas y distribución de estupefacientes, según informó en su momento la prensa local.
En Instagram y Facebook publica fotos de diferentes parajes en Brasil y Venezuela. En 2023 se mudó a Boa Vista, según las geolocalizaciones y otras pistas derivadas de las imágenes que muestra en sus redes. Las imágenes siguieron ofreciendo testimonios de diversos viajes posteriores a esa fecha: en la playa, de vacaciones familiares en Brasilia, y videos de navegación por un cauce del Amazonas. También hay fotos en una plaza de Guyana. En casi todas aparece hablando por teléfono móvil.
Al igual que Carrasco Romero, un juez conmutó la prisión preventiva a Espinett, el 15 de diciembre de 2024, tras solicitar también un habeas corpus. También del mismo modo, Espinett González sigue sin comparecer ante el tribunal para cumplir con las premisas que sus medidas de libertad condicional establecieron. Si continúa prófugo, no lo hace a escondidas.
Sus más recientes posts de Instagram, que datan de julio y agosto 2025, lo muestran acampando en la playa de Cuyagua, costa del estado centro norteño de Aragua; también recorriendo la avenida Soublette de La Guaira, sobre el litoral central de Venezuela, a apenas a 30 kilómetros de Caracas, y la Autopista Regional del Centro, que conecta a la capital venezolana con los estados centrales, conduciendo una motocicleta BMW modelo GS 1250 Denali, que en el mercado tiene un valor promedio de 20.000 dólares.
Frente a casos como los de Carrasco y Espinett, en la actualización del caso de mayo de 2025, un juez federal brasileño con razón observó que ante una “organización criminal sólida y estructurada, centrada en el comercio ilegal de oro, las medidas no privativas de la libertad resultan ineficaces para frenar la continua actividad delictiva de sus miembros”.
Y conexos
Por su parte, Adrián Domingo Urbina, de 29 años, otro de los venezolanos de la organización criminal, ya traía consigo el know how para actuar en el mercado de los criptoactivos. Como muchos otros jóvenes de su época, atraídos en Guayana por el negocio emergente de las criptomonedas, también tenía un puesto de compraventa de oro en Santa Elena de Uairén, ciudad del estado Bolívar contigua a la frontera con Brasil. Precisamente por esos atributos sería captado por los líderes de la red.
Su nombre aparece en transacciones financieras sospechosas destinadas a dos figuras centrales de la organización criminal. De su cuenta saldrían pagos para la compra de celulares que fueron utilizados por miembros de la red. En junio de 2024, seis meses antes de que la red criminal quedase desmantelada, registró en Boa Vista la firma Tron Soluções e Services Digital, vinculada al sector de los criptoactivos.
Su perfil de Facebook indica que vive en Porlamar, en la turística isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en el Caribe nororiental venezolano. La orden de captura en su contra sigue vigente.
Meyer Ali, alias de Mayez Abdul Mansour, aparece varias veces relacionado con transacciones a Alibaba Gold Center, según se lee en los mensajes intercambiados por los miembros de la red. A este comerciante de 43 años de origen libanés se le señala en las investigaciones judiciales como testaferro o financista de la red. Figura como socio mayoritario de Baldar M Abdul Mansour Comercio LTDA, registrada como microempresa en octubre de 2022 en Boa Vista, dedicada al comercio de relojería, en la que también tuvo participación Gregorio de Jesús Carrasco Romero, el ya mencionado gerente de la red. En Boa Vista era propietario de dos vehículos que miembros de la red criminal utilizaban, de acuerdo a las investigaciones judiciales brasileñas.
El nombre de Baldar también lo lleva una empresa del ramo textil que Mansour incorporó en Caracas en mayo de 2012, con el fin explícito de actuar en el “corte, confección, fabricación y comercialización de todo tipo de prendas de vestir”. Como si no pesara sobre él una orden de arresto emitida en Brasil por tráfico y lavado de oro, Mansour habla en videos promocionales de Instagram, Facebook y TikTok sobre las bondades de sus productos textiles y la actividad de su fábrica, cerca de la avenida Panteón, en el centro de Caracas. También cuenta con un puesto de venta en el popular Mercado Bolivariano de La Hoyada, en el centro de Caracas, al que el mismo Mansour invita desde sus redes sociales. El último video de Instagram y Tik Tok en el lugar lo publicó el 14 de diciembre de 2024, tres días después de que la Policía Federal de Brasil lanzara la Operación FlyGold.
Mención aparte en esta sección la tiene Aldo José Pinheiro, alias Saymon o Cabramacho, quien, si bien es brasileño, tiene conexiones directas con Venezuela. Según las autoridades brasileñas, se trata de uno de los principales cabecillas de la organización criminal, encargado de supervisar la logística del transporte de oro, hasta el punto de decidir los lugares de recepción y entrega del metal ilícito. Mantenía contacto con proveedores de oro y sus transportistas, además de negociar los envíos internacionales.
Pinheiro tenía un patrón de viajes fuera de Brasil, con destinos que regularmente incluían Venezuela. Registra un histórico de salidas con destino a Venezuela entre 2013 y 2023, en el que se cuentan los ingresos en carro al estado Bolívar por el punto fronterizo de Pacaraima, cercano a la venezolana Santa Elena de Uairén.
Hay registro fotográfico de sus visitas a la capital de Venezuela. El 29 de agosto de 2023, posó junto a otro líder de la banda, Adriano Aguiar de Castro, al lado de una avioneta en el Aeropuerto Caracas Oscar Machado Zuloaga, en Charallave, a 57 kilómetros de distancia de la capital. Al día siguiente, posó con el mismo socio en la terraza del restaurante Menta y Romero, en el centro comercial Altamira Village de Caracas, un sitio en el noreste de la ciudad que frecuenta la oligarquía emergente del chavomadurismo.
Pinheiro estaba en Caracas cuando el tribunal en Brasil dictó una orden de prisión preventiva en su contra, el 11 de diciembre de 2024, según dijo su defensa. De acuerdo a la misma versión, Pinheiro se encontraba entonces hospitalizado en el Hospital de Clínicas Caracas, un costoso y reputado centro privado de salud. No obstante, las investigaciones determinaron que había sido dado de alta el mismo día. Aparte, las facturas de la clínica privada se referían a consultas médicas y exámenes clínicos, y no a una reclusión por motivos de alguna emergencia de salud o procedimiento quirúrgico. “Continúa evadiendo la aplicación de la ley penal”, dice el expediente.
La alianza de Armando Info y Mongabay Latam solicitó entrevistas a Gregorio de Jesús Carrasco Romero, Richard Alexander Espinett Gonzalez, Adrián Domingo Urbina y Mayez Abdul Mansour por correo electrónico. Esta historia se actualizará cuando envíen sus versiones.
La justicia de Brasil expresa sus sospechas sobre el destino de los once prófugos. “Es probable que aún realicen actividades ilícitas relacionadas con la venta de oro en Itaituba, Pará y otras regiones”, indica el expediente judicial de mayo de 2025, que pone al día el estado del caso que las operaciones FlyGold destapó. El documento agrega que existen indicios de que “muchos se mantienen ocultos en diversas regiones de Brasil, como Pacaraima y Boa Visita en el estado de Roraima. También en Navegantes, Santa Catarina, Manaos, Amazonas, Aripuanã, Mato Grosso do Sul, São Paulo y, en particular, Venezuela, lugar donde el oro podría comercializarse”.
Aunque muchos compradores de oro en Upata dicen desconocer el origen del mineral con que tratan, algunos admiten que una parte del oro que amalgaman sigue siendo de origen brasileño. “Sí, aquí trabajamos con el oro brasileño”, afirmaba ante los reporteros el encargado de un negocio de compraventa de oro, en julio de 2025. En la sucursal de Alibaba Gold en Upata niegan que el oro que compran provenga del país fronterizo: “Aquí no trabajamos con oro brasilero”, enfatiza uno de sus encargados tras la consulta de los reporteros.
Pero son varios los cómplices del negocio ilícito, descubierto en Brasil. que ni se ocupan en disimular sus paraderos en Venezuela. Mientras, el gobierno de Maduro se hace de la vista gorda sobre las ramificaciones venezolanas del caso. Una fábrica de franelas deportivas o una moto de 20.000 dólares a toda velocidad en la principal autopista del país no parecen rastros difíciles de seguir.
