“No son las sanciones estadounidenses las que hacen insegura la inversión. Es el régimen de Nicolás Maduro el que representa la fuente de inestabilidad”.
Durante años, Chevron defendió su permanencia en Venezuela como una decisión de pragmatismo estratégico. Argumentó que mantener operaciones en el país —a pesar de las sanciones, el colapso institucional y el autoritarismo desenfrenado— permitía a Estados Unidos conservar una posición en un corredor energético clave y contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia. Pero a medida que el terreno político y geoeconómico se desplaza bajo los pies del régimen de Nicolás Maduro, esa lógica se vuelve cada vez más insostenible.
El próximo 27 de mayo marcará el fin formal de esa narrativa. Bajo el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, Chevron cesará todas las exportaciones de diluyentes petroleros a Venezuela y suspenderá las importaciones de crudo venezolano hacia refinerías en el Golfo de América. La administración de Donald Trump, en su segundo mandato, ha decidido cerrar lo que quedaba de la “acomodación silenciosa” que permitía a las multinacionales operar dentro del Estado criminal venezolano sin mayores consecuencias.
La coyuntura no es casual. El régimen de Maduro atraviesa su momento de mayor debilidad en años. Fracturas internas, colapso económico y una presión internacional renovada han comenzado a erosionar los pilares de su poder. Una transición política, antes considerada remota, ahora se percibe como un escenario plausible —e incluso probable—. En este contexto, las empresas que mantengan vínculos estrechos con el régimen podrían descubrir que el costo reputacional de su presencia supera con creces cualquier ganancia comercial.
Un modelo de negocios basado en la negación
El colapso de Venezuela está ampliamente documentado. Alguna vez el país más próspero de América Latina, hoy es un agujero negro regional: más de 7 millones de personas han huido y el Estado ha sido capturado por una alianza entre militares, redes criminales y patrocinadores foráneos en Moscú, Teherán y La Habana. Los ingresos petroleros ya no financian el desarrollo: sostienen la represión y la desestabilización hemisférica.
Chevron, que posee 32?% de participación en empresas mixtas con Pdvsa y llegó a exportar hasta tres veces más crudo del que legalmente le correspondía, se consolidó como el principal canal de exportación de petróleo venezolano hacia Estados Unidos. También envió productos refinados —gasolina, lubricantes, diluyentes— en volúmenes mucho mayores que los requeridos por sus operaciones.
Durante años, este arreglo fue tolerado bajo el argumento de la “seguridad energética”. Pero en la práctica, permitió que un régimen sancionado convirtiera petróleo en divisas fuertes, eludiendo al Banco Central de Venezuela y al escrutinio financiero internacional. Esa complicidad ya no es viable. El nuevo enfoque de Washington responde a una recalibración más amplia: las multinacionales no pueden alegar neutralidad mientras operan dentro de estructuras autoritarias que convierten la actividad económica en herramienta de control.
El fin de la excepcionalidad transaccional
Chevron no es la única empresa que enfrenta este ajuste de cuentas, pero sí es la más expuesta. Permaneció en Venezuela cuando ExxonMobil y ConocoPhillips se retiraron en 2007, negándose a aceptar las empresas mixtas impuestas por la Ley de Hidrocarburos de 2001. Esas compañías acudieron a arbitrajes internacionales y ganaron. Chevron, en cambio, prestó 2.000 millones de dólares a Pdvsa y acumuló más de 3.000 millones en dividendos y deudas impagas hacia 2021.
Esa decisión pudo haberle garantizado acceso al mercado a corto plazo, pero también diluyó las fronteras éticas del compromiso empresarial. Hoy, los marcos ESG (Ambiente, Social y Gobernanza), los inversionistas institucionales y los analistas de riesgo político observan con creciente atención los pasivos a largo plazo de operar en Estados colapsados.
En una Venezuela post-Maduro, las empresas percibidas como colaboradoras del régimen podrían quedar legal o reputacionalmente excluidas del proceso de reconstrucción nacional. Aquellas que demuestren un corte claro con el pasado podrían, en cambio, convertirse en actores pioneros dentro de uno de los mercados más prometedores del hemisferio.
Una oportunidad de 1 billón de dólares… si prevalecen los principios
Las cifras importan. Una Venezuela post-Maduro abre más de 1 billón de dólares en oportunidades en sectores como energía, infraestructura, agricultura, tecnología y servicios financieros. Pero las condiciones de acceso a ese futuro serán tanto políticas como económicas. Los socios internacionales serán elegidos no solo por su capacidad técnica, sino por su credibilidad institucional.
En este contexto, un retiro inminente de Chevron no debe interpretarse como una derrota comercial, sino como una oportunidad de reinicio. Un momento para pasar de la extracción al compromiso. De la presencia operativa al liderazgo con principios.
Para las empresas que operan en los márgenes del autoritarismo colapsado, la lección es clara: la neutralidad es una ficción. El silencio tiene un precio. Y en el nuevo orden geopolítico, la ética es el activo más valioso de todos.
