La institucionalidad siempre importa, incluso más allá de la representación formal de los intereses de la sociedad.
Por Elsa Muro
Los empresarios siempre han tenido voz y voto, independientemente del signo del gobierno de turno. Eso no significa que hayan apoyado las decisiones o políticas públicas impulsadas en cualquier momento. La mayoría de las veces han actuado como un contrapeso —una unidad— en representación de los intereses del sector privado. Muy pocas veces, sin embargo, han asumido una posición servil, arriesgando la institucionalidad y entregándola en bandeja de plata a quienes se le oponen o la adversan.
Hoy, las voces del empresariado que antes anteponían los intereses de la libre empresa, de la libertad económica y la defensa intransigente del derecho de propiedad, han sido doblegadas. Se sienten orgullosos de estar cada vez más cerca del gobierno, de que los escuchen los ministros, de tener vínculos directos con la vicepresidencia, de participar en espacios donde se definen las políticas públicas. No se dan cuenta de que están siendo utilizados, manejados a conveniencia, como piezas útiles para oxigenar al poder, independientemente de si esa cercanía beneficia o no los intereses genuinos que deberían defender.
En el pasado, se hablaba de criptocomunistas para referirse a aquellos que, disfrazados o en la sombra, simpatizaban con el régimen comunista. Hoy, los criptooficialistas del empresariado actúan abiertamente: llaman a votar en elecciones vacías, sin garantías democráticas, y cometen la afrenta intolerable de legitimar una farsa que pisotea la soberanía popular.
Peor aún, quienes aspiran a dirigir la principal institución representativa del empresariado entregan su autonomía e independencia al gobierno. Se golpean el pecho asegurando que, gracias a ellos, el sector empresarial estará mejor representado, pues tienen acceso directo tanto al presidente como a su vicepresidenta. Se ufanan de ser el puente entre el poder y la empresa privada. Pero detrás quedaron el libre mercado, la funcionalidad empresarial y los principios que alguna vez defendieron, inspirados en la economía de mercado, incluso en las ideas de la escuela austríaca.
Uno lo ignora, el candidato a presidente, La otra, candidata a vicepresidente simplemente cedió su posición a los intereses oscuros del gobierno.
Por eso, aquellos representantes que hoy cabalgan sobre los vestigios de la empresa privada, sobre el sufrimiento del sector productivo —sometido a la depredación fiscal, saqueado institucionalmente por expropiaciones, confiscaciones y regulaciones perversas—, se valen de un discurso débil y cómplice con el poder para alcanzar posiciones que comprometen la existencia de una institución que alguna vez fue motivo de orgullo y de presencia activa frente al Estado.
Pobre del empresariado que cede sus espacios a quienes aspiran no a representar sus intereses, sino a ser gobierno. Como le llaman al candidato: “el jefe de los Fedecámaras”. Pobre del empresario que sirve de plataforma a las aspiraciones de quien, siendo hoy segunda vicepresidenta, quiere ser presidente en la próxima gestión.
El país observa atónito. Nadie cree en esa dócil posición. ¿Qué pasará? ¿Será que Fedecámaras se convertirá en una suerte de FEDEINDUSTRIA -una expresión más de la clase media empresarial subordinada?
Vendrán los Uzcátegui, las Paola, los Luigi Pisella y los Polessel.
Y con ellos, el riesgo de que el empresariado quede huérfano.
Ya no son cripto-oficialistas; son Fedecámaras.
