La Guardia Civil española ha desarticulado una red criminal, con cinco detenidos y quince investigados en España, Portugal y Francia que traficaban de forma ilegal con residuos plásticos procedentes de la agricultura y que enviaban a numerosas países de todo el mundo, entre ellos a Brasil.
En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado que se trata de un grupo criminal dedicado a la importación, almacenamiento, transporte y exportación ilegal de residuos plásticos a terceros países, con un tráfico ilegal de más de 41.000 toneladas.
De todos estos envíos, los investigadores han detectado traslados ilegales de residuos cercanos a las 22.785 toneladas a India, Turquía, Vietnam, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Pakistán, Reino Unido, Angola, Brasil, Marruecos o Emiratos Árabes.
La localización de un vertedero ilegal a finales de 2022, con varios miles de toneladas de residuos plásticos en una antigua ladrillera ubicada en una comarca de León (noroeste), fue el punto de partida de esta investigación, que determinó que la mayoría de los residuos almacenados eran plásticos procedentes de la agricultura con origen en Francia y Portugal.
Esta basura era transportada por camiones portugueses de gran tonelaje aprovechando viajes de retorno entre ambos países, que eran depositados en instalaciones ubicadas en León y Valencia (este).
Según la documentación analizada se habrían trasladado desde Francia y Portugal a España de manera ilegal más de 18.800 toneladas de residuos, que eran abandonados en las instalaciones o enviados a terceros países ilegalmente, bien haciéndolos pasar por materia prima o falseando la documentación ambiental.
La Guardia Civil ha registrado cuatro empresas que son la sede de 16 sociedades, inspeccionado otras cuatro y registrado dos viviendas donde se ha intervenido documentación; también se han localizado miles de toneladas de residuos depositados en instalaciones clandestinas.
Para realizar el mapeado y volumetría de los residuos depositados de manera ilegal se ha contado con el apoyo de la Unión Europea a través del programa ‘Copernicus’, y en la investigación las autoridades judiciales españolas han mantenido contactos con organismos de Alemania, Suiza e Inglaterra, entre otros.
La autoridad judicial decretó prisión provisional para el cabecilla de la trama y emitió asimismo 21 órdenes europeas de investigación. EFE
