La minería ilegal en Bolivia se esconde bajo el paraguas del sistema de cooperativas, sobre todo las auríferas, cuya fuerte expansión en los últimos años fue posible en parte por la incidencia del sector en la política y una debilidad institucional para controlar que estas actividades cumplan cabalmente con las normas.
Éstas son las claves para comprender esta problemática en el país andino:
1. ¿Qué son las cooperativas mineras?
Las cooperativas son pequeñas asociaciones autónomas sin fines de lucro, pero en las dos últimas décadas ganaron poder económico y espacios en la política, principalmente como aliadas de los Gobiernos del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta explicó a EFE que por las políticas gubernamentales en torno a la explotación del oro, se fomentó «un crecimiento de las cooperativas mineras y el desplazamiento de los capitales privados», lo que derivó «en mucha informalidad, mucha ilegalidad».
Según Zaconeta, de las casi 2.100 cooperativas que existen actualmente en Bolivia, 1.600 son auríferas y de estas, más del 60 % no tiene todos los trámites para operar en regla.
2. Distintas ilegalidades
Al margen de no tener papeles al día, hay cooperativas legales que incurren en otras irregularidades, como explotar minerales pese a tener permiso solo para prospección y exploración, o arrendar sus concesiones a capitales privados nacionales o extranjeros, lo que está prohibido por ley.
También hay información de que actores privados o empresas unipersonales declaran su producción como la de una cooperativa para pagar menos regalías.
Los datos oficiales indican que el 60 % de las concesiones mineras son privadas, pero «del 100 % de la producción nacional, el 99,5 % está en manos de las cooperativas» según las cifras de 2024, señaló Zaconeta.
En 2022, Bolivia produjo 53,3 toneladas de oro por un valor de 3.073 millones de dólares, pero el Estado apenas recibió regalías por 63 millones, porque muchas cooperativas pagan la alícuota «más baja» alegando que su explotación es «marginal», agregó.
3. Robo y contaminación
La ilegalidad está principalmente en el sector aurífero por el precio alto y porque la forma de explotación es más sencilla que en la minería tradicional, que tampoco está exenta de problemas, pues persiste el ‘juqueo’ o robo de estaño y zinc en yacimientos estatales en las regiones andinas de Oruro y Potosí.
La minería ilegal aurífera opera en los ríos del norte amazónico boliviano, donde hay territorios indígenas e importantes reservas forestales como los parques Madidi, Pilón Lajas Apolobamba y Cotapata.
Se conoce más sobre la contaminación por mercurio, por estudios que detectaron altos niveles de ese elemento en el organismo de indígenas que habitan en las riberas de los ríos amazónicos con actividad minera, sobre todo ilegal, debido a la ingesta de peces, fundamentales en la dieta de estas poblaciones y que hoy están contaminados.
Pero también hay operadores que «están procesando su oro utilizando cianuro», un elemento «altamente contaminante y nocivo» que afecta directamente a tierra, agua, aire y al ser humano, alertó Zaconeta.
Además, hay contaminación por el derrame de lubricantes y combustibles porque la maquinaria que se descompone se repara en los mismos ríos.
4. Otras afectaciones
La expansión minera derivó también en la deforestación, por la necesidad de migrar del río donde se agotaron las arenas que contenían oro a terreno firme para realizar «una minería a cielo abierto».
Según Zaconeta, además hubo remoción de «grandes extensiones de tierra» para buscar oro, lo que provocó aludes durante la época de lluvias en municipios de La Paz como Apolo, o el desvío de cauces que terminó en desbordamientos e inundaciones en pueblos como Tipuani en la misma región.
Y donde hay minería «descontrolada», surgen otros problemas como el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, o la trata y tráfico de menores para explotación sexual evidenciada, por ejemplo, en el norte de La Paz.
5. Debilidad institucional
Zaconeta sostuvo que es «difícil» controlar el poder de la economía ilegal en Bolivia por el «poder social y el control territorial que ejercen las cooperativas» y su influencia política en todos los niveles y estructuras del Estado.
Además, de 10 empleos que genera la actividad minera, 9 son cooperativistas, frente a una «debilidad del Estado» para fortalecer sus propias operaciones o captar inversiones privadas.
Esa «debilidad» también existe en la fiscalización de las comercializadoras de minerales o los «socios» privados de las cooperativas que a veces también hacen de financiadores informales, sin que se conozca el origen de esos fondos.
El Gobierno de Luis Arce informó recientemente sobre al menos cinco operaciones con el Ministerio Público y la Policía contra la minería ilegal en La Paz, Pando y Oruro y anunció hace unos meses intervenciones en las áreas protegidas. Sin embargo, se desconocen los resultados concretos de estas acciones.
EFE
