Por Sebastiana Barráez | Infobae
“Venezuela actualmente tiene una Fuerza Armada Nacional que no está en condiciones de hacer frente, de manera adecuada, a ninguna amenaza de las que plantea la Constitución de la República. Y es evidente la existencia de un régimen de corte militarista, que emplea la institución, el personal y sus medios como coadyuvante en los procesos más críticos de transformación de la sociedad venezolana”. Así lo asevera el presidente del Frente Institucional Militar (FIM) general de brigada en retiro Juan Antonio Herrera Betancourt, quien crítica lo que hace la revolución con la FANB “amparándose en la defensa de los intereses de la nación y del pueblo venezolano, ha utilizado la represión contra la disidencia como mecanismo de control social, para lo cual la Fuerza Armada ha sido uno de su principal instrumento”.
A su juicio “el uso de la Fuerza Armada venezolana como apéndice armado del gobierno, así como la unión con la milicia bolivariana, exacerbó la contaminación partidista”.
Agrega que ello trajo como consecuencia “una actitud proselitista en la organización que ocasionó la perdida de los principios de la disciplina, obediencia y subordinación a la Constitución y a las leyes, inclinándose hacia una parcialidad política progubernamental”.
En un ensayo donde analiza la situación de la institución castrense, el general Herrera plantea “la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional (FAN), con base en principios y valores democráticos, para contribuir al restablecimiento del equilibrio Estado-FAN- Sociedad Civil”, como necesaria para el alcance de la “convivencia pacífica” y lograr el desarrollo ante un “nuevo gobierno legalmente constituido”.
Expone el alto oficial en situación de retiro activo que la organización militar “debe ser factor fundamental para garantizar la soberanía nacional e integridad territorial, cumpliendo fielmente la Constitución y las leyes, y ser ejemplo de organización, planificación, orden, disciplina y moral ciudadana”.
Destaca Herrera la situación en la que está inmersa la Fuerza Armada, la cual “a pesar de la fragmentación, desarticulación, desprofesionalización y desviación de sus funciones específicas”, le da un rol primordial “en un proceso de transición y postransición” para la orientación de su “transformación organizacional de acuerdo” con el rol democrática de un “nuevo gobierno”.
“La organización militar debe ser factor fundamental para garantizar la soberanía nacional e integridad territorial, cumpliendo fielmente la Constitución y las leyes, y ser ejemplo de organización, planificación, orden, disciplina y moral ciudadana”.
Afirma que, en el presente, la institución militar “está fuera del contexto constitucional, con un equipamiento contrario a los objetivos de su empleo, con doctrina confusa, organización operacional que no se corresponde con la geografía nacional”.
Militar Vs. Civil
El general Herrera Betancourt enfatiza que la Fuerza Armada “debe estar bajo el control del poder legalmente constituido” porque es el responsable de su “diseño moderno y eficiente”, que incluya “elevado apresto operacional, competencia profesional, organización vertical, flexible, bien equipada, con capacidad para hacerle frente a las amenazas internas y externas de la República, adaptada a los retos y desafíos de los tiempos que vivimos”.
Asume que la complicidad de sus “altos mandos” violan la Constitución, lo que aunado a su “partidización y corrupción interna”, la hacen “incapaz de comprender las reales demandas” de la sociedad venezolana.
Es por ello que el oficial percibe en la FANB “una contaminación del liderazgo con rasgos proselitistas que ha debilitado su fortaleza, unidad de mando y empleo útil, con el sometimiento a la voluntad política partidista del gobierno, lo que hace necesario una profunda revisión del Concepto Estratégico Militar que permita volver al estricto cumplimiento de su deber Constitucional como lo establece el artículo 328 constitucional, para fortalecer la democracia y el estado de derecho”.
Sobre el uso legítimo de la fuerza indica que “debe estar orientado para lograr la seguridad y defensa necesarias para garantizar el cumplimiento de los intereses y objetivos de la República y de los ciudadanos venezolanos, sin distingo de raza, credo, posición económica e ideología política”.
Analiza que durante todos estos años del llamado “gobierno bolivariano revolucionario”, existen “factores diluyentes y direccionales” para mantener a la institución castrense como “factor fundamental de la orientación política del régimen”.
De ahí se desprende “la tergiversación del mandato constitucional y la normativa legal que rige a la FAN”, lo que se ha hecho con reformas progresivas como las efectuadas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB), que “desvirtuó la misión y funciones de la organización militar, abonando el camino con actos de indisciplina, politización, desvalorización de la jerarquía, ascensos incontrolados, dispersión del poder y aplicación de medidas incongruentes en la unidad de mando”.
En ese contexto se le dio prioridad a sostener “un proyecto político” por encima del mandato Constitucional “de la defensa de la integridad territorial y garantía de la soberanía de la Nación”, cuando señala que como “uno de los objetivos de la FANB es lograr la mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo”, critica el general Herrera.
Por ello recuerda que a la Fuerza Armada le corresponden misiones constitucionales de “garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, y asegurar la integridad del espacio geográfico”, por lo que tiene como tareas a cumplir “la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación en el desarrollo nacional”.
Corrupción y cambio
Entre las causas que el general Herrera Betancourt percibe para que muchos miembros de la organización “se hayan corrompido y estén incursos en delitos comunes, contrabando, corrupción, narcotráfico”, se encuentra la ausencia de los valores y pilares fundamentales de la organización, la discrecionalidad en la aplicación de la justicia y la perdida de la razón de ser de la Fuerza Armada.
Por ello, destaca que el proceso de “pérdida progresiva de las competencias profesionales” en la Fuerza Armada Nacional “ha incidido negativamente en su compromiso ético con la salvaguarda del sistema democrático republicano y el sometimiento al control del poder civil”.
Para el presidente del Frente Institucional Militar (FIM) la Fuerza Armada fue sometida “al predominio del pensamiento político-partidista, y sus integrantes, cultura, estructura y leyes, han sido sistemáticamente pervertidas por la vinculación Estado-Gobierno-Partido”.
Asegura que fue utilizada en tareas propias de una “parcialidad política empeñada en imponer un proyecto ideológico en detrimento de la institución militar” y de una sociedad “sometida al uso de la represión como mecanismo de control social”.
En esa misma línea está la “desviación de los objetivos institucionales”, que el general Herrera considera ocurre con “la imposición de una cultura política y de gestión pública basada en el clientelismo, el exacerbado personalismo caudillista y el predominio de relaciones políticas y administrativas informales”.
Ese aspecto es característico de los “gobiernos que evidenciaron el debilitamiento del Estado y sus instituciones, conduciendo al relajamiento, arbitrariedad y ambigüedad de los actos de la autoridad militar, perjudicando la estructura organizacional y profesional requerida para el propósito institucional en el cumplimiento de su misión constitucional, desviando su uso hacia tareas para las cuales carecen de formación requerida”.
Sostiene el oficial en retiro del Ejército venezolano que los procesos de “transición y de postransición” de un sistema autoritario a uno democrático “han variado” según las características de los países donde se han experimentado estos cambios, y “hay varios actores que son fundamentales para consolidar la libertad y la democracia”.
“A partir de 1999, se inició un proceso de cambio político hacia un autoritarismo hegemónico, trayendo con ello las restricciones de las actividades de los partidos políticos, el control de los medios de comunicación, la opresión como mecanismo de control político, la presencia del partido de gobierno con aspiraciones de partido único y la incertidumbre y alta desconfianza en los eventos electorales”.
