A Breliacnis, venezolana, se le escurre como agua entre las manos el recuerdo de su mamá. Dejó de verla desde muy niña. Un conjunto de huesos y una lápida con el nombre que había dejado de escribir, el de Brenda María Marín Lara, acaban de poner punto final a esta historia de desaparición en territorio colombiano.
El reciente 10 de marzo, Breliacnis y el hombre que crió a su madre, Benigno Teherán Monsalve, acudieron a la “entrega digna” de los restos de Brenda que hizo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia en la población de Arauca.
“Simplemente les agradezco, se tomaron su tiempo y la encontraron”. El relato de Breliacnis, que al menos tuvo un cierre, no es común entre cientos de familias venezolanas y colombianas que saben de la desaparición de sus seres queridos en la raya limítrofe. En la línea divisoria de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela pervive la desaparición forzada transfronteriza, un delito cometido de manera sistemática por diversos actores: paramilitares, guerrillas, bandas criminales, mafias de trata de personas y hasta efectivos regulares de las fuerzas armadas.
El excomandante paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, declaró en 2023 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en la frontera quedaban todavía sin descubrir fosas comunes con, al menos, 200 cuerpos sepultados. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la denominación principal de los paramilitares, se había desmovilizado a finales de 2006. Algunos de sus comandantes estuvieron en la cárcel, incluso en penales en Estados Unidos -como el propio Mancuso-, y desde allí comenzaron a hacer declaraciones públicas que al fin arrojaron pistas sobre cómo fue la trastienda de la violencia en los años más crudos de la guerra interna.
Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008, regresó a su país natal en febrero del 2024, y fue declarado Gestor de Paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Se comprometió a colaborar con la JEP para esclarecer crímenes que permanecen silenciados, como la desaparición forzada en la frontera con Venezuela.
Reporteros de Armando.info, de Venezuela, y Vorágine, de Colombia, visitaron algunos puntos calientes a ambos lados de la frontera, tan porosa como peligrosa, donde constataron que la desaparición de ciudadanos, tanto venezolanos como colombianos en, al menos, el segmento de la franja limítrofe que se extiende desde La Guajira hasta el río Arauca, es un fenómeno de larga data frente al que poco o nada se ha hecho para detenerlo o siquiera mitigarlo durante los últimos 25 años.
Para completar la presente serie, Perdidos en la raya, del que este reportaje forma parte, los periodistas entrevistaron a decenas de sobrevivientes del conflicto, sepultureros, investigadores sociales, líderes comunitarios, mujeres buscadoras, periodistas regionales, fuentes oficiales y victimarios. También revisaron la data oficial de las entidades en Colombia que llevan las denuncias de las desapariciones de ciudadanos venezolanos y colombianos. La interacción con esas fuentes generó datos y pistas para construir un mapa con las posibles localizaciones donde habrían abandonado o sepultado los cadáveres de personas de ambos países.
Los indicios recabados dan fe de cómo esas víctimas han sido objeto de tres desapariciones en secuencia: primero, cuando los grupos delincuenciales las asesinaron y ocultaron sus cuerpos; luego, cuando las autoridades binacionales dejaron de buscarlas o no las buscaron del todo; y, finalmente, cuando el silencio impuesto en las localidades extermina la palabra para, con ello, volver a los desaparecidos pura ausencia y olvido.
Esta investigación, que recoge múltiples testimonios sobre casos diversos del primer cuarto del s. XXI, confirma que la desaparición transfronteriza dejó de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una práctica criminal a lo largo de la frontera binacional.
A César le hicieron cavar su tumba
César Tulio Cijanes Mendoza era un hombre nacido en Colombia en 1949 que emigró a Venezuela y adquirió la nacionalidad siendo muy joven. Su hija, Vivian, relata hoy que Cijanes fue a trabajar en una empresa y tiempo después lo despidieron. Con el dinero de la liquidación se compró una tierra cerca de Machiques, capital del municipio del mismo nombre del estado Zulia, noroccidente de Venezuela. A partir de entonces se dedicó a la actividad agropecuaria: sembró aguacates, plátano, y también compró ganado.
“Con el pasar del tiempo se presentan estos problemas de desplazamientos por los enfrentamientos [en Colombia]”, dice Vivian Cijanes. En sus palabras explica que el conflicto que había en el Catatumbo colombiano cruzó la frontera y llegó al vecino Zulia, donde su padre tenía la finca. “En el 2000 es que se lo llevan a él de la finca… Y a mí me llega la noticia al pueblo [Machiques] donde yo estoy. Lo primero que me dicen es que se llevaron a un poco de gente detenida y mataron al señor César.”
Vivian preguntó entonces a la gente de Machiques si sabía quiénes se habían llevado a su papá. “Yo voy a la casa de mi padre, que estaba a tres horas de Machiques, y me encuentro con unas tablas arrancadas a la fuerza… Y empiezo a indagar con los vecinos si sabían qué grupo había estado por ahí”. Solo alcanzaron a decirle que el grupo se identificó como «contraguerrilla».
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una oenegé con sede en Cúcuta, Norte de Santander, que ha documentado las desapariciones transfronterizas, asegura que “en el año 1999 llegaron los paramilitares al territorio [del binacional río Catatumbo, que desemboca en el venezolano Lago de Maracaibo] y se hicieron sentir con la masacre de La Gabarra [jurisdicción municipal de Tibú, nombrada así por un río tributario del Catatumbo, en territorio colombiano], en la que a varios los asesinaron y arrojaron al río. En adelante todo fue un río de sangre”. Sobre esta masacre en territorio colombiano los pobladores siempre han dicho que los muertos fueron más, que el subregistro se tragó a muchas víctimas.
Vivian Cijanes pensó que el caso de su padre era un secuestro y esperó que le pidieran dinero por el rescate. Pero solo fue veinte años después de la desaparición cuando le llegó la información de que en el Catatumbo colombiano habían encontrado pistas del paradero final de su padre. “Me dicen que ubicaron al niño que se habían llevado con él, en ese entonces de 12 o 14 años. Él corrobora las versiones de que entonces [a César Cijanes] lo amarraron, que él fue el último que le dio un cigarro [a César Cijanes] para que se lo fumara. Y que [al padre de Vivian, César] lo hicieron cavar su tumba. Y ahí mismo fue que le dieron unos tiros y ahí mismo lo enterraron… A mí me habían amenazado de que no fuera más por allá, que dejara de estar buscando”, cuenta.
La UBPD de Colombia lleva el caso de Víctor Cijanes, pero aún no hay resultados concluyentes. Vivian dice que espera que algún día tenga lugar una «entrega digna», aunque admite que tiene pocas esperanzas porque le dijeron que el ADN de los restos encontrados, que podrían corresponder a su padre desaparecido, se deterioró, lo que dificulta su identificación. Nunca se atrevió a poner la denuncia ante autoridades venezolanas y tan solo acudió al diario Panorama de Maracaibo, capital de Zulia, para brindar su testimonio. Hoy vive en un pueblo de Colombia y es una entre las 2,8 millones de personas forzadas a migrar desde Venezuela al país vecino.
De 1993 a 2024, se tiene el registro de 3.338 venezolanos desaparecidos en toda Colombia, según datos históricos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). De esa cifra, 660 desaparecieron en departamentos fronterizos con Venezuela, como La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Vichada. No hay registros en el departamento de Guainía.
A Reinaldo lo lanzaron al río Catatumbo
«La muerte se ensañó conmigo», repite Socorro Durán, mientras abraza una fotografía de Reinaldo, su hijo. A sus 81 años, ella no ha podido cumplir la promesa de dar santa sepultura a Reinaldo, o a lo que haya quedado de él.
A Reinaldo Méndez Durán se lo llevaron los paramilitares hace 24 años de la vereda Pedregales, municipio de El Zulia, en el departamento colombiano de Norte de Santander, noreste de Colombia, contiguo a la frontera con Venezuela. A los pocos días supo que lo habían lanzado al río Catatumbo en Colombia. “No hay cuerpo. No hay tumba. No hay justicia, pero yo sigo esperando respuestas”, dice, cabizbaja.
Esa herida que le abrió la guerra en el 2001 fue creciendo. El Ejército de Colombia mató a su segundo hijo, Florentino, quien fue sepultado como no identificado en Ocaña, Norte de Santander. Tuvieron que pasar diez años para que Socorro recibiera un sobre con la correspondiente acta de defunción. “Cuando abrí el sobre sentí que la tierra se abría bajo mis pies”, recuerda.
En 2006, otra vez la violencia le arrebató al padre de sus hijos y a un nieto. Incansable, llena de dolor y de incertidumbre, no renuncia a la búsqueda de Reinaldo, que es el único de sus muertos que no tiene tumba. Entre tanto, a ella misma la han amenazado de muerte. “Sé que su cuerpo pudo ir a parar al Lago de Maracaibo [en Venezuela], pero no me importa, hasta allá iré a buscarlo”, sostiene Socorro mientras empuña su mano derecha.
La historia de esta mujer es una entre cientos que configuran un delito atroz, crónico e invisible entre Colombia y Venezuela: la desaparición forzada transfronteriza. Son 25 años de registros desde que se dio la primera incursión paramilitar.
A Elvis lo intuyen en las riberas del Torbes
El 6 de abril del 2002, Elvis Luis Vargas, de 17 años, salió de su casa en el barrio Rosal del Norte, en Cúcuta, capital de Norte de Santander, rumbo al taller de su tío en el pueblo fronterizo de Juan Frío, al sureste de la localidad venezolana de San Antonio del Táchira. Nunca volvió. Su madre, Gladys Vargas, lo buscó en los hospitales con familiares, amigos. Su hijo adolescente llevaba puesto un overol de mecánico.
Días después, los hermanos de Gladys se reunieron para buscar la forma de contarle lo que, según averiguaron, habría pasado con Elkin: los paramilitares se lo llevaron a Venezuela, lo asesinaron y allá estaba enterrado. “Yo siento que mi hijo está allá, en el cementerio de San Cristóbal [capital del estado Táchira, a la vera del río Torbes]. Mi corazón me lo dice”, afirma con los ojos llorosos.
En su búsqueda de respuestas sobre el destino de Elvis, Gladys Vargas llegó a carearse con los excomandantes paramilitares. Durante el proceso de la Comisión de la Verdad en Colombia consiguió hablar con Jorge Iván Laverde Zapata, El Iguano, un temido exlíder paramilitar. “A su hijo y a otros muchachos los mataron en Venezuela, hay que buscarlos allá”, recuerda Gladys que le dijo el exparamilitar.
Muchos cuerpos eran arrojados a los ríos o del lado venezolano para “borrar evidencias”, afirmó Laverde Zapata en entrevista para este reportaje: “Si no hay cadáver, no hay delito”. Según su testimonio, tal fue la “solución” que las fuerzas paramilitares adoptaron en la zona para acatar órdenes de un superior, con las que explícitamente procuraba disminuir las cifras de asesinatos en Colombia y colaborar, de ese modo, con las inquietudes del Ejército. “Para nadie es un secreto que algunos militares, yo no digo que todos porque realmente había gente que nunca quiso tener relaciones con nosotros… [Pero] para ellos no era conveniente que aparecieran muchos cuerpos”, dijo Laverde Zapata.
Laverde Zapata comandó el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desplegó en Norte de Santander. Para este reportaje dijo que los paramilitares entregaron a Justicia y Paz, de la Fiscalía, listados de personas desaparecidas en frontera. También enumeró las cuatro formas mediante las cuales, según él, los paramilitares se deshacían de sus víctimas mortales: las arrojaban en fosas comunes del lado colombiano, como pudo haber pasado con César Cijanes Mendoza, el padre de Vivian; las lanzaban a los ríos, como relata Socorro Durán que habrían hecho con su hijo Reinaldo Méndez; las incineraban, como lo confirman las investigaciones sobre los hornos crematorios descubiertos en Juan Frío, Norte de Santander; y los ejecutaban en territorio venezolano, de modo que fueran las autoridades de ese país las encargadas de recoger los cuerpos y no quedaran registros en Colombia, como tal vez habría sucedido con Elvis, el hijo de Gladys Vargas.
Aunque después de emitir su declaración Acto de fe por la paz en octubre de 2004, los paramilitares iniciaron una serie de desmovilizaciones que se extendieron hasta abril de 2006, el retiro de esas tropas irregulares abrió paso en Norte de Santander para otros grupos criminales, como Las Águilas Negras y Los Rastrojos, que continuaron la práctica de asesinar a personas en la frontera y ocultar cuerpos en Venezuela, según relatan los familiares buscadores de los desaparecidos en el Catatumbo.
El exparamilitar Laverde Zapata menciona un sector conocido como La Isla, en Puerto Santander, donde grupos que llegaron luego de los paramilitares mataron personas y abandonaron sus cuerpos. Lo describe como un sitio donde “el río se parte en dos, un lado coge para Venezuela, el otro lado coge para Colombia”.
Manuel le daba sepultura “a puros huesos”
Manuel Manjarrés tiene 56 años de edad y desde los 16 ha trabajado como sepulturero en el Cementerio Municipal de San Cristóbal, capital del estado Táchira, en Los Andes suroccidentales venezolanos. Si bien no sabe de Elvis, tiene mucho para contar sobre los cadáveres que llegaban desde la frontera con Colombia.
Explica Manjarrés para este reportaje que “eran cuerpos que llegaban de Ureña, de San Antonio, de varios lados donde los encontraban, pero la PTJ [siglas de la Policía Técnica Judicial, nombre hasta 2001 del organismo detectivesco de investigaciones científicas, auxiliar del Ministerio Público en Venezuela, hoy CICPC] decía que los mataban en un lado y los dejan tirados en otro. Los mataban casi todos a tiros y los dejaban al margen del río Táchira, en la frontera. A veces los traían en los puros huesos y cómo uno iba a saber de qué murió. Esos huesos permanecían un mes en espera, para que el doctor los revisara. Se llevaba un diente o un hueso para al menos saber si era hombre o mujer”.
“Algunos llegaban descuartizados, parecían un rompecabezas”, sigue rememorando Manjarrés. “El doctor dejaba ahí [los restos] y a nosotros nos tocaba armarlo [al cadáver] y se le echaba la tierra. En esa época llegaban de cinco a seis cuerpos semanales. En 2007 nos llegó una misma camada de seis y eran muchachos jóvenes. Eso se metió en una fosa común, luego apareció el papá de uno, pero no lo podía identificar ya. Me mandó a hacerle una cruz para ponerla ahí, pero después ya no volvió”.
Por su parte, Wilfredo Cañizares, de la colombiana Fundación Progresar, le pone contexto al escalofriante relato de Manjarrés “[En 2002 comenzaron] a tener los primeros casos de venezolanos que habían sido retenidos de manera ilegal por los paramilitares, algunos de ellos asesinados en territorio colombiano, cuyos cuerpos fueron arrojados o abandonados en territorio venezolano. En otros casos fueron llevados vivos a Venezuela y asesinados allá. En algunos otros casos, pocos pero que se dieron, la acción fue coordinada con la Guardia Nacional [Bolivariana, GNB] de ese país, con quien estuviera en territorio. Ellos hacían el levantamiento y los cuerpos eran sepultados en los cementerios más cercanos donde había ocurrido el homicidio”.
Paola Andrea nunca llegó con el regalo
Paola Andrea Quiñonez Roa tenía 17 años, ojos verdes y cabellos rubios que su madre lavaba con manzanilla. Era su «princesa», su «mona». El 16 de septiembre de 2011, Día del Amor y la Amistad en Colombia, Paola llamó a su mamá para decirle que iba a visitarla con un regalo. Esta, María Braulia Roa, preparó la comida preferida de su hija y fue a recogerla a las 11:30 de la mañana a la cancha del barrio San Martín, en Cúcuta, pero pasaron las horas y su única niña nunca llegó.
La última vez que Paola fue vista cruzaba el puente peatonal de Villa del Rosario, rumbo a San Antonio del Táchira. Esa noche su madre recibió una llamada: le dijeron que su hija había sido decapitada y arrojada en una bolsa en El Piñal, capital del municipio Fernández Feo del estado Táchira, Venezuela.
Sin todavía poder creerlo, con el corazón desgarrado, María Braulia Roa salió a buscar a su “princesa”, sin importarle que no tenía papeles para pasar a territorio venezolano. Al llegar allá pidió ayuda a las autoridades locales pero, tras buscar por muchos puntos de esa población, no encontró nada. Fue “como si la tierra se la hubiera tragado”.
Buscó en cementerios, en morgues, en calles. Nadie le dijo nada. A los pocos días alguien afirmó haber visto a Paola llorando, golpeada y al parecer con signos de abuso en un lugar del sector de San Antonio del Táchira llamado Mi Pequeña Barinas, pero cuando esa persona volvió para prestarle apoyo, ya no estaba. María Braulia lleva 14 años en ese calvario.
A Iván lo agarraron al pasar el puente
Las guerrillas colombianas también son responsables de la desaparición forzada transfronteriza. Arauca, un territorio hoy en garras del Ejército Popular de Liberación (ELN), control que en otro tiempo también ejercieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es una provincia colombiana plagada de muertos sin nombres. En la zona divisoria con el estado Apure, en Venezuela, hay campamentos guerrilleros con decenas de niños reclutados en contra de su voluntad, según fuentes de organismos humanitarios que, consultadas, pidieron reserva de sus nombres por encontrarse sobre el territorio en conflicto.
El río Arauca, la frontera natural entre el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, fue cementerio de decenas de personas en los años más convulsos de la violencia, según lo confirma la Defensora del Pueblo de Arauca, Grace Serrato Salazar. “Nuestro analista de datos en la entidad, el padre Deison Mariño, nos dijo que el río era el cementerio de Arauca, porque uno veía los cuerpos flotando y muchas veces ya en avanzado estado de descomposición. ¿Y cómo saber dónde lo mataron, si fue en Venezuela o si fue en Colombia?”.
Ese río es hoy un pasadizo peligroso. Señal de ello fue, por ejemplo, que los lancheros se negaran a transportar a una de las periodistas de este reportaje, para conocer de primera mano las historias de los venezolanos que fueron testigos de cómo la violencia colombiana se deslizó hasta invadir sus tierras. Está prohibido hacer el cruce. Y para los colegas de Venezuela, moverse por los pueblos donde ocurrieron estos hechos resulta impensable por miedo al control represivo que ejerce el régimen que gobierna el país.
De hecho, en Arauca se habla de colombianos que fueron retenidos por las autoridades migratorias venezolanas una vez cruzaron el río y de quienes, hasta el día de hoy, sus familiares no saben nada.
Dolly García Briceño, que vive en Cúcuta, dice que a su hijo de 34 años de edad, Iván Colmenares García, lo detuvieron el primero de noviembre de 2024 en El Amparo, Apure, al cruzar el puente internacional de Arauca.
Iván es abogado y trabajaba para la ONG Corpodrinco, que atiende y orienta a migrantes venezolanos en Colombia, pero que en mayo pasado tuvo que cerrar su programa en Arauca por el recorte de presupuesto de los programas de la cooperación estadounidense a través de Usaid (siglas en inglés de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos). “Me dijeron que estaba detenido en El Helicoide [un antiguo proyecto de centro comercial, reconvertido en sitio de reclusión de los organismos de inteligencia del chavismo en Caracas] pero no hay claridad de por qué”, dice su madre, quien confirmó hace unos días a VORÁGINE que, tras cinco meses sin saber su paradero, le llegó una información de que Iván en realidad se encontraría recluido en El Rodeo 1, una cárcel espeluznante al este de la capital venezolana. Todavía siguen sin decirle las razones de su detención.
Con él son 18 los colombianos en esta misma situación. Sus familiares han acudido al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Colombia, para que les ayuden a buscarlos, pero poco han logrado.
A Raúl se lo llevaron los guerrilleros
Del otro lado de la frontera fluvial ocurrió hace 19 años una desaparición que habría sido perpetrada por la guerrilla de las FARC. A Raúl Esneider Morales Quiroga se lo llevaron hombres armados que iban a bordo de una camioneta en la localidad de El Amparo, en el municipio Páez del estado de Apure, Venezuela, cuando acababa de cruzar el río. Eso ocurrió en 2006, según cuenta su hermana, Clara Leydi Morales, quien desde entonces busca cualquier información que dé con el paradero de su familiar.
“Con mi papá fuimos a un campamento de la guerrilla de las FARC [en territorio venezolano] a hablar con esa gente varias veces. A los seis meses avisaron que lo habían mandado a agarrar [a Raúl]. No nos dijeron nada más. Mi papá recurrió entonces al ejército de nuestro país, fue hasta un puesto de control militar en La Charca, sector de El Nula, estado Apure, y contó lo ocurrido esperando una respuesta. No pasó nada”.
Los padres de Clara Leidy son ciudadanos colombianos nacidos en Boyacá -departamento del altiplano central de Colombia- que se fueron a buscar un mejor futuro en Venezuela. “Todos, los siete hermanos, nacimos aquí en Venezuela. Mi papá murió sin volver a ver a su hijo [Raúl], y mi mamá de 77 años está enferma y depresiva desde entonces”. Raúl, el desaparecido, tenía una cooperativa de servicios de soldadura y dejó dos hijos.
“En toda esta frontera el conflicto armado va y viene. Los armados están allá, están aquí. Tuvimos paramilitares, el temible Bloque Vencedores de Arauca. Esa dinámica violenta se exacerbó en los años 2005, 2006 y 2010, cuando se enfrentaron las FARC con el ELN por el control territorial. Hubo un éxodo de gente de Colombia hacia Venezuela. Los grupos se dieron cuenta de eso y empezaron a extorsionar y a coger gente por la fuerza en la frontera. Hay muchas personas que desaparecieron haciendo ese recorrido”, dice la defensora local, Serrato Salazar.
Los restos de Brenda por fin aparecieron
Como se dijo al comienzo de esta entrega, Breliacnis Lara culminó hace poco una búsqueda que le robó 13 años de su vida. El 10 de marzo de 2025 recibió los restos de su madre, Brenda María Marín Lara, quien tenía 38 años cuando desapareció.
“Ella siempre se movía entre Colombia y Venezuela, atravesaba la frontera con Arauca permanentemente. Yo estaba pequeña cuando ella se fue. Nos dijo que iba a trabajar, y a mi hermano y a mí nos llevaron a vivir con el abuelo. Después nos mudamos a Oriente, al estado Monagas. Desde muy pequeños nos comenzaron a amenazar. Yo tenía como 14. No sabíamos qué pasaba. Ya cuando estábamos más grandes nos dijeron que era que mamá se había ido a la guerrilla colombiana y se movía por los lados de Pueblo Nuevo, más abajo de Tame, en Arauca. Con el tiempo migramos a Colombia. Vivir en Venezuela con tanta pobreza no era posible. Entonces, [en Colombia] reactivé la búsqueda de mi mamá”, cuenta Breliacnis.
La información de que en unos combates en Arauca habían muerto varios guerrilleros, entre quienes estaba su madre, y que los cuerpos habían sido enterrados sin identificar, llegó a Breliacnis. “Yo fui a Bogotá y empecé los contactos con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Un día me llamaron porque la habían identificado y nos iban a entregar sus restos”.
El reciente 10 de marzo, Breliacnis y demás familiares acudieron a la “entrega digna”, como la UBPD llama a estas ceremonias. Elba Sánchez Rosas, coordinadora de la unidad en Arauca, dijo que el reconocimiento de los restos se hizo tras la intervención del cementerio principal. “Ha sido un trabajo complejo pero es el proceso a seguir. La búsqueda debe comenzar por ahí, por los campos santos a donde trasladaron durante décadas cuerpos sin identificar. Yo quisiera que los gobiernos de ambos países acordaran una estrategia de búsqueda humanitaria también en los cementerios de Venezuela, donde seguro hay colombianos sepultados sin nombre”.
“Donde hubiese un espacio vacío metíamos los cuerpos”
Un hombre que fue sepulturero en Apure cruzó el puente limítrofe sobre el río Arauca que comunica ese estado llanero de Venezuela con la capital araucana, en Colombia, el 14 de mayo del 2025. Lo hizo para compartir con los reporteros la historia que le tocó vivir. “A nosotros nos tocó enterrar gente en el cementerio. Donde hubiese un espacio vacío metíamos cuerpos sin preguntar por qué aparecían abandonados. Si allá [en Venezuela] hicieran lo que andan haciendo acá en este país [Colombia], seguro muchos familiares tendrían respuestas”, dijo.
El sepulturero pidió que no se publicara su nombre. Es un hombre mayor que todavía asume riesgos y se rebela contra el confinamiento impuesto por la guerrilla en algunos puntos fronterizos de ambos países. “Ellos se pasan de aquí para allá. Hay un campamento allá [y señala hacia Venezuela]. Tienen controlado el uso del internet, por eso no pudimos hablar por ahí. Dicen hasta a qué hora la gente tiene que encerrarse. Ellos mandan. Ahora es peor”.
El sepulturero deja ver el miedo instalado en el territorio y también pone sobre la mesa un tema caliente del que nadie quiere ocuparse, el hecho de que el grupo guerrillero ELN delinque en ambos países por igual.
Kleiver Andrey se esfumó hace poco
Kleiver Andrey Ramírez Acuña cruzó el río Arauca desde Colombia hacia la localidad de El Amparo, para visitar a su novia venezolana. Horas después, la muchacha llamó a la abuela de su novio para decirle que él no había llegado. Desde el 6 de marzo de 2025 nadie sabe nada del joven de 17 años, que se acababa de graduar de bachiller en 2024.
Kiara Acuña, mamá de Kleiver, cuenta desde la humilde casa de la abuela del joven, en el barrio Libertadores de Arauca, que los últimos mensajes que su hijo le escribió a la novia eran confusos. “Daba a entender que estaba en peligro. Se estaba como despidiendo de ella. Ella me envió las capturas de pantalla. Yo hablé con el amigo con el que mi hijo estuvo por última vez. Es un muchacho al que le dicen El gordo, quien me dijo que había dejado a Andrey en el puesto de la canoa para cruzar a Venezuela, pero yo siento que él sabe algo más”.
La mujer dio a conocer en redes sociales la desaparición de su hijo “y comenzaron a llegarme mensajes al celular de un número desconocido. Me decían que si seguía publicando no iba a encontrar ni el cuerpo de mi hijo. Me dijeron que eliminara todo y que, si no, me iban a apretar”. Kiara extiende el celular para mostrar los mensajes amenazantes que guarda con celo.
Un par de días después de lo sucedido con Kleiver, otro joven de Arauca desapareció. En el barrio hay varias historias de ausencias obligadas que las madres no quieren reportar a las autoridades porque tienen miedo. Todos son jóvenes, todos iban a cruzar el río. Los rumores en el barrio de atmósfera pesada aseguran que a los muchachos los está reclutando la guerrilla, a la que se refieren como “el actor armado”, así, sin nombre propio, para evitar represalias.
Kiara fue hasta Saravena, un municipio del departamento de Arauca. Desde allí “mandé mensajes a la guerrilla de que si tienen a mi muchacho que me lo devuelvan. El día que fui se habían llevado a dos jóvenes”. Cruzó varias veces el río Arauca para ir a El Amparo. “Fui hasta Guasdualito, que queda a 30 minutos de El Amparo, hasta que alguien se acercó a decirme que no me siguiera arriesgando tanto”.
El miedo manda
“En esta capital tenemos un reporte, desde el 2022, de más o menos 120 personas desaparecidas, sobre las que al día de hoy no sabemos. Es un número alto”, refiere la defensora local, Grace Serrato. Los números, la estadística del horror.
En Arauca el miedo borbotea como sangre por la herida. Llegar a la ciudad y recorrerla es como viajar en el tiempo y sentir que nuevamente se está habitando aquella época en que mataban hasta a cinco personas por día. La gente en la calle saluda con cuidado cuando se trata de un foráneo y recomienda a los periodistas hablar bajito en los hoteles, porque no se sabe quiénes son los huéspedes de los cuartos contiguos. La desconfianza es absoluta.
Las entidades colombianas -UBPD, JEP y Unidad de Víctimas- han insistido en un plan binacional entre Colombia y Venezuela para buscar en cementerios fronterizos y acceder a registros forenses. Pero la falta de voluntad política ha detenido toda posibilidad de trabajo conjunto. Mientras tanto, las madres siguen buscando. Porque aún sin cuerpo, sin respuestas y sin justicia, hay algo que ningún grupo armado ha podido desaparecer: la esperanza.
A Breliacnis, venezolana, se le escurre como agua entre las manos el recuerdo de su mamá. Dejó de verla desde muy niña. Un conjunto de huesos y una lápida con el nombre que había dejado de escribir, el de Brenda María Marín Lara, acaban de poner punto final a esta historia de desaparición en territorio colombiano.
El reciente 10 de marzo, Breliacnis y el hombre que crió a su madre, Benigno Teherán Monsalve, acudieron a la “entrega digna” de los restos de Brenda que hizo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia en la población de Arauca.
“Simplemente les agradezco, se tomaron su tiempo y la encontraron”. El relato de Breliacnis, que al menos tuvo un cierre, no es común entre cientos de familias venezolanas y colombianas que saben de la desaparición de sus seres queridos en la raya limítrofe. En la línea divisoria de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela pervive la desaparición forzada transfronteriza, un delito cometido de manera sistemática por diversos actores: paramilitares, guerrillas, bandas criminales, mafias de trata de personas y hasta efectivos regulares de las fuerzas armadas.
El excomandante paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, declaró en 2023 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en la frontera quedaban todavía sin descubrir fosas comunes con, al menos, 200 cuerpos sepultados. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la denominación principal de los paramilitares, se había desmovilizado a finales de 2006. Algunos de sus comandantes estuvieron en la cárcel, incluso en penales en Estados Unidos -como el propio Mancuso-, y desde allí comenzaron a hacer declaraciones públicas que al fin arrojaron pistas sobre cómo fue la trastienda de la violencia en los años más crudos de la guerra interna.
Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008, regresó a su país natal en febrero del 2024, y fue declarado Gestor de Paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Se comprometió a colaborar con la JEP para esclarecer crímenes que permanecen silenciados, como la desaparición forzada en la frontera con Venezuela.
Reporteros de Armando.info, de Venezuela, y Vorágine, de Colombia, visitaron algunos puntos calientes a ambos lados de la frontera, tan porosa como peligrosa, donde constataron que la desaparición de ciudadanos, tanto venezolanos como colombianos en, al menos, el segmento de la franja limítrofe que se extiende desde La Guajira hasta el río Arauca, es un fenómeno de larga data frente al que poco o nada se ha hecho para detenerlo o siquiera mitigarlo durante los últimos 25 años.
Para completar la presente serie, Perdidos en la raya, del que este reportaje forma parte, los periodistas entrevistaron a decenas de sobrevivientes del conflicto, sepultureros, investigadores sociales, líderes comunitarios, mujeres buscadoras, periodistas regionales, fuentes oficiales y victimarios. También revisaron la data oficial de las entidades en Colombia que llevan las denuncias de las desapariciones de ciudadanos venezolanos y colombianos. La interacción con esas fuentes generó datos y pistas para construir un mapa con las posibles localizaciones donde habrían abandonado o sepultado los cadáveres de personas de ambos países.
Los indicios recabados dan fe de cómo esas víctimas han sido objeto de tres desapariciones en secuencia: primero, cuando los grupos delincuenciales las asesinaron y ocultaron sus cuerpos; luego, cuando las autoridades binacionales dejaron de buscarlas o no las buscaron del todo; y, finalmente, cuando el silencio impuesto en las localidades extermina la palabra para, con ello, volver a los desaparecidos pura ausencia y olvido.
Esta investigación, que recoge múltiples testimonios sobre casos diversos del primer cuarto del s. XXI, confirma que la desaparición transfronteriza dejó de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una práctica criminal a lo largo de la frontera binacional.
A César le hicieron cavar su tumba
César Tulio Cijanes Mendoza era un hombre nacido en Colombia en 1949 que emigró a Venezuela y adquirió la nacionalidad siendo muy joven. Su hija, Vivian, relata hoy que Cijanes fue a trabajar en una empresa y tiempo después lo despidieron. Con el dinero de la liquidación se compró una tierra cerca de Machiques, capital del municipio del mismo nombre del estado Zulia, noroccidente de Venezuela. A partir de entonces se dedicó a la actividad agropecuaria: sembró aguacates, plátano, y también compró ganado.
“Con el pasar del tiempo se presentan estos problemas de desplazamientos por los enfrentamientos [en Colombia]”, dice Vivian Cijanes. En sus palabras explica que el conflicto que había en el Catatumbo colombiano cruzó la frontera y llegó al vecino Zulia, donde su padre tenía la finca. “En el 2000 es que se lo llevan a él de la finca… Y a mí me llega la noticia al pueblo [Machiques] donde yo estoy. Lo primero que me dicen es que se llevaron a un poco de gente detenida y mataron al señor César.”
Vivian preguntó entonces a la gente de Machiques si sabía quiénes se habían llevado a su papá. “Yo voy a la casa de mi padre, que estaba a tres horas de Machiques, y me encuentro con unas tablas arrancadas a la fuerza… Y empiezo a indagar con los vecinos si sabían qué grupo había estado por ahí”. Solo alcanzaron a decirle que el grupo se identificó como «contraguerrilla».
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una oenegé con sede en Cúcuta, Norte de Santander, que ha documentado las desapariciones transfronterizas, asegura que “en el año 1999 llegaron los paramilitares al territorio [del binacional río Catatumbo, que desemboca en el venezolano Lago de Maracaibo] y se hicieron sentir con la masacre de La Gabarra [jurisdicción municipal de Tibú, nombrada así por un río tributario del Catatumbo, en territorio colombiano], en la que a varios los asesinaron y arrojaron al río. En adelante todo fue un río de sangre”. Sobre esta masacre en territorio colombiano los pobladores siempre han dicho que los muertos fueron más, que el subregistro se tragó a muchas víctimas.
Vivian Cijanes pensó que el caso de su padre era un secuestro y esperó que le pidieran dinero por el rescate. Pero solo fue veinte años después de la desaparición cuando le llegó la información de que en el Catatumbo colombiano habían encontrado pistas del paradero final de su padre. “Me dicen que ubicaron al niño que se habían llevado con él, en ese entonces de 12 o 14 años. Él corrobora las versiones de que entonces [a César Cijanes] lo amarraron, que él fue el último que le dio un cigarro [a César Cijanes] para que se lo fumara. Y que [al padre de Vivian, César] lo hicieron cavar su tumba. Y ahí mismo fue que le dieron unos tiros y ahí mismo lo enterraron… A mí me habían amenazado de que no fuera más por allá, que dejara de estar buscando”, cuenta.
La UBPD de Colombia lleva el caso de Víctor Cijanes, pero aún no hay resultados concluyentes. Vivian dice que espera que algún día tenga lugar una «entrega digna», aunque admite que tiene pocas esperanzas porque le dijeron que el ADN de los restos encontrados, que podrían corresponder a su padre desaparecido, se deterioró, lo que dificulta su identificación. Nunca se atrevió a poner la denuncia ante autoridades venezolanas y tan solo acudió al diario Panorama de Maracaibo, capital de Zulia, para brindar su testimonio. Hoy vive en un pueblo de Colombia y es una entre las 2,8 millones de personas forzadas a migrar desde Venezuela al país vecino.
De 1993 a 2024, se tiene el registro de 3.338 venezolanos desaparecidos en toda Colombia, según datos históricos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). De esa cifra, 660 desaparecieron en departamentos fronterizos con Venezuela, como La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Vichada. No hay registros en el departamento de Guainía.
A Reinaldo lo lanzaron al río Catatumbo
«La muerte se ensañó conmigo», repite Socorro Durán, mientras abraza una fotografía de Reinaldo, su hijo. A sus 81 años, ella no ha podido cumplir la promesa de dar santa sepultura a Reinaldo, o a lo que haya quedado de él.
A Reinaldo Méndez Durán se lo llevaron los paramilitares hace 24 años de la vereda Pedregales, municipio de El Zulia, en el departamento colombiano de Norte de Santander, noreste de Colombia, contiguo a la frontera con Venezuela. A los pocos días supo que lo habían lanzado al río Catatumbo en Colombia. “No hay cuerpo. No hay tumba. No hay justicia, pero yo sigo esperando respuestas”, dice, cabizbaja.
Esa herida que le abrió la guerra en el 2001 fue creciendo. El Ejército de Colombia mató a su segundo hijo, Florentino, quien fue sepultado como no identificado en Ocaña, Norte de Santander. Tuvieron que pasar diez años para que Socorro recibiera un sobre con la correspondiente acta de defunción. “Cuando abrí el sobre sentí que la tierra se abría bajo mis pies”, recuerda.
En 2006, otra vez la violencia le arrebató al padre de sus hijos y a un nieto. Incansable, llena de dolor y de incertidumbre, no renuncia a la búsqueda de Reinaldo, que es el único de sus muertos que no tiene tumba. Entre tanto, a ella misma la han amenazado de muerte. “Sé que su cuerpo pudo ir a parar al Lago de Maracaibo [en Venezuela], pero no me importa, hasta allá iré a buscarlo”, sostiene Socorro mientras empuña su mano derecha.
La historia de esta mujer es una entre cientos que configuran un delito atroz, crónico e invisible entre Colombia y Venezuela: la desaparición forzada transfronteriza. Son 25 años de registros desde que se dio la primera incursión paramilitar.
A Elvis lo intuyen en las riberas del Torbes
El 6 de abril del 2002, Elvis Luis Vargas, de 17 años, salió de su casa en el barrio Rosal del Norte, en Cúcuta, capital de Norte de Santander, rumbo al taller de su tío en el pueblo fronterizo de Juan Frío, al sureste de la localidad venezolana de San Antonio del Táchira. Nunca volvió. Su madre, Gladys Vargas, lo buscó en los hospitales con familiares, amigos. Su hijo adolescente llevaba puesto un overol de mecánico.
Días después, los hermanos de Gladys se reunieron para buscar la forma de contarle lo que, según averiguaron, habría pasado con Elkin: los paramilitares se lo llevaron a Venezuela, lo asesinaron y allá estaba enterrado. “Yo siento que mi hijo está allá, en el cementerio de San Cristóbal [capital del estado Táchira, a la vera del río Torbes]. Mi corazón me lo dice”, afirma con los ojos llorosos.
En su búsqueda de respuestas sobre el destino de Elvis, Gladys Vargas llegó a carearse con los excomandantes paramilitares. Durante el proceso de la Comisión de la Verdad en Colombia consiguió hablar con Jorge Iván Laverde Zapata, El Iguano, un temido exlíder paramilitar. “A su hijo y a otros muchachos los mataron en Venezuela, hay que buscarlos allá”, recuerda Gladys que le dijo el exparamilitar.
Muchos cuerpos eran arrojados a los ríos o del lado venezolano para “borrar evidencias”, afirmó Laverde Zapata en entrevista para este reportaje: “Si no hay cadáver, no hay delito”. Según su testimonio, tal fue la “solución” que las fuerzas paramilitares adoptaron en la zona para acatar órdenes de un superior, con las que explícitamente procuraba disminuir las cifras de asesinatos en Colombia y colaborar, de ese modo, con las inquietudes del Ejército. “Para nadie es un secreto que algunos militares, yo no digo que todos porque realmente había gente que nunca quiso tener relaciones con nosotros… [Pero] para ellos no era conveniente que aparecieran muchos cuerpos”, dijo Laverde Zapata.
Laverde Zapata comandó el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desplegó en Norte de Santander. Para este reportaje dijo que los paramilitares entregaron a Justicia y Paz, de la Fiscalía, listados de personas desaparecidas en frontera. También enumeró las cuatro formas mediante las cuales, según él, los paramilitares se deshacían de sus víctimas mortales: las arrojaban en fosas comunes del lado colombiano, como pudo haber pasado con César Cijanes Mendoza, el padre de Vivian; las lanzaban a los ríos, como relata Socorro Durán que habrían hecho con su hijo Reinaldo Méndez; las incineraban, como lo confirman las investigaciones sobre los hornos crematorios descubiertos en Juan Frío, Norte de Santander; y los ejecutaban en territorio venezolano, de modo que fueran las autoridades de ese país las encargadas de recoger los cuerpos y no quedaran registros en Colombia, como tal vez habría sucedido con Elvis, el hijo de Gladys Vargas.
Aunque después de emitir su declaración Acto de fe por la paz en octubre de 2004, los paramilitares iniciaron una serie de desmovilizaciones que se extendieron hasta abril de 2006, el retiro de esas tropas irregulares abrió paso en Norte de Santander para otros grupos criminales, como Las Águilas Negras y Los Rastrojos, que continuaron la práctica de asesinar a personas en la frontera y ocultar cuerpos en Venezuela, según relatan los familiares buscadores de los desaparecidos en el Catatumbo.
El exparamilitar Laverde Zapata menciona un sector conocido como La Isla, en Puerto Santander, donde grupos que llegaron luego de los paramilitares mataron personas y abandonaron sus cuerpos. Lo describe como un sitio donde “el río se parte en dos, un lado coge para Venezuela, el otro lado coge para Colombia”.
Manuel le daba sepultura “a puros huesos”
Manuel Manjarrés tiene 56 años de edad y desde los 16 ha trabajado como sepulturero en el Cementerio Municipal de San Cristóbal, capital del estado Táchira, en Los Andes suroccidentales venezolanos. Si bien no sabe de Elvis, tiene mucho para contar sobre los cadáveres que llegaban desde la frontera con Colombia.
Explica Manjarrés para este reportaje que “eran cuerpos que llegaban de Ureña, de San Antonio, de varios lados donde los encontraban, pero la PTJ [siglas de la Policía Técnica Judicial, nombre hasta 2001 del organismo detectivesco de investigaciones científicas, auxiliar del Ministerio Público en Venezuela, hoy CICPC] decía que los mataban en un lado y los dejan tirados en otro. Los mataban casi todos a tiros y los dejaban al margen del río Táchira, en la frontera. A veces los traían en los puros huesos y cómo uno iba a saber de qué murió. Esos huesos permanecían un mes en espera, para que el doctor los revisara. Se llevaba un diente o un hueso para al menos saber si era hombre o mujer”.
“Algunos llegaban descuartizados, parecían un rompecabezas”, sigue rememorando Manjarrés. “El doctor dejaba ahí [los restos] y a nosotros nos tocaba armarlo [al cadáver] y se le echaba la tierra. En esa época llegaban de cinco a seis cuerpos semanales. En 2007 nos llegó una misma camada de seis y eran muchachos jóvenes. Eso se metió en una fosa común, luego apareció el papá de uno, pero no lo podía identificar ya. Me mandó a hacerle una cruz para ponerla ahí, pero después ya no volvió”.
Por su parte, Wilfredo Cañizares, de la colombiana Fundación Progresar, le pone contexto al escalofriante relato de Manjarrés “[En 2002 comenzaron] a tener los primeros casos de venezolanos que habían sido retenidos de manera ilegal por los paramilitares, algunos de ellos asesinados en territorio colombiano, cuyos cuerpos fueron arrojados o abandonados en territorio venezolano. En otros casos fueron llevados vivos a Venezuela y asesinados allá. En algunos otros casos, pocos pero que se dieron, la acción fue coordinada con la Guardia Nacional [Bolivariana, GNB] de ese país, con quien estuviera en territorio. Ellos hacían el levantamiento y los cuerpos eran sepultados en los cementerios más cercanos donde había ocurrido el homicidio”.
Paola Andrea nunca llegó con el regalo
Paola Andrea Quiñonez Roa tenía 17 años, ojos verdes y cabellos rubios que su madre lavaba con manzanilla. Era su «princesa», su «mona». El 16 de septiembre de 2011, Día del Amor y la Amistad en Colombia, Paola llamó a su mamá para decirle que iba a visitarla con un regalo. Esta, María Braulia Roa, preparó la comida preferida de su hija y fue a recogerla a las 11:30 de la mañana a la cancha del barrio San Martín, en Cúcuta, pero pasaron las horas y su única niña nunca llegó.
La última vez que Paola fue vista cruzaba el puente peatonal de Villa del Rosario, rumbo a San Antonio del Táchira. Esa noche su madre recibió una llamada: le dijeron que su hija había sido decapitada y arrojada en una bolsa en El Piñal, capital del municipio Fernández Feo del estado Táchira, Venezuela.
Sin todavía poder creerlo, con el corazón desgarrado, María Braulia Roa salió a buscar a su “princesa”, sin importarle que no tenía papeles para pasar a territorio venezolano. Al llegar allá pidió ayuda a las autoridades locales pero, tras buscar por muchos puntos de esa población, no encontró nada. Fue “como si la tierra se la hubiera tragado”.
Buscó en cementerios, en morgues, en calles. Nadie le dijo nada. A los pocos días alguien afirmó haber visto a Paola llorando, golpeada y al parecer con signos de abuso en un lugar del sector de San Antonio del Táchira llamado Mi Pequeña Barinas, pero cuando esa persona volvió para prestarle apoyo, ya no estaba. María Braulia lleva 14 años en ese calvario.
A Iván lo agarraron al pasar el puente
Las guerrillas colombianas también son responsables de la desaparición forzada transfronteriza. Arauca, un territorio hoy en garras del Ejército Popular de Liberación (ELN), control que en otro tiempo también ejercieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es una provincia colombiana plagada de muertos sin nombres. En la zona divisoria con el estado Apure, en Venezuela, hay campamentos guerrilleros con decenas de niños reclutados en contra de su voluntad, según fuentes de organismos humanitarios que, consultadas, pidieron reserva de sus nombres por encontrarse sobre el territorio en conflicto.
El río Arauca, la frontera natural entre el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, fue cementerio de decenas de personas en los años más convulsos de la violencia, según lo confirma la Defensora del Pueblo de Arauca, Grace Serrato Salazar. “Nuestro analista de datos en la entidad, el padre Deison Mariño, nos dijo que el río era el cementerio de Arauca, porque uno veía los cuerpos flotando y muchas veces ya en avanzado estado de descomposición. ¿Y cómo saber dónde lo mataron, si fue en Venezuela o si fue en Colombia?”.
Ese río es hoy un pasadizo peligroso. Señal de ello fue, por ejemplo, que los lancheros se negaran a transportar a una de las periodistas de este reportaje, para conocer de primera mano las historias de los venezolanos que fueron testigos de cómo la violencia colombiana se deslizó hasta invadir sus tierras. Está prohibido hacer el cruce. Y para los colegas de Venezuela, moverse por los pueblos donde ocurrieron estos hechos resulta impensable por miedo al control represivo que ejerce el régimen que gobierna el país.
De hecho, en Arauca se habla de colombianos que fueron retenidos por las autoridades migratorias venezolanas una vez cruzaron el río y de quienes, hasta el día de hoy, sus familiares no saben nada.
Dolly García Briceño, que vive en Cúcuta, dice que a su hijo de 34 años de edad, Iván Colmenares García, lo detuvieron el primero de noviembre de 2024 en El Amparo, Apure, al cruzar el puente internacional de Arauca.
Iván es abogado y trabajaba para la ONG Corpodrinco, que atiende y orienta a migrantes venezolanos en Colombia, pero que en mayo pasado tuvo que cerrar su programa en Arauca por el recorte de presupuesto de los programas de la cooperación estadounidense a través de Usaid (siglas en inglés de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos). “Me dijeron que estaba detenido en El Helicoide [un antiguo proyecto de centro comercial, reconvertido en sitio de reclusión de los organismos de inteligencia del chavismo en Caracas] pero no hay claridad de por qué”, dice su madre, quien confirmó hace unos días a VORÁGINE que, tras cinco meses sin saber su paradero, le llegó una información de que Iván en realidad se encontraría recluido en El Rodeo 1, una cárcel espeluznante al este de la capital venezolana. Todavía siguen sin decirle las razones de su detención.
Con él son 18 los colombianos en esta misma situación. Sus familiares han acudido al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Colombia, para que les ayuden a buscarlos, pero poco han logrado.
A Raúl se lo llevaron los guerrilleros
Del otro lado de la frontera fluvial ocurrió hace 19 años una desaparición que habría sido perpetrada por la guerrilla de las FARC. A Raúl Esneider Morales Quiroga se lo llevaron hombres armados que iban a bordo de una camioneta en la localidad de El Amparo, en el municipio Páez del estado de Apure, Venezuela, cuando acababa de cruzar el río. Eso ocurrió en 2006, según cuenta su hermana, Clara Leydi Morales, quien desde entonces busca cualquier información que dé con el paradero de su familiar.
“Con mi papá fuimos a un campamento de la guerrilla de las FARC [en territorio venezolano] a hablar con esa gente varias veces. A los seis meses avisaron que lo habían mandado a agarrar [a Raúl]. No nos dijeron nada más. Mi papá recurrió entonces al ejército de nuestro país, fue hasta un puesto de control militar en La Charca, sector de El Nula, estado Apure, y contó lo ocurrido esperando una respuesta. No pasó nada”.
Los padres de Clara Leidy son ciudadanos colombianos nacidos en Boyacá -departamento del altiplano central de Colombia- que se fueron a buscar un mejor futuro en Venezuela. “Todos, los siete hermanos, nacimos aquí en Venezuela. Mi papá murió sin volver a ver a su hijo [Raúl], y mi mamá de 77 años está enferma y depresiva desde entonces”. Raúl, el desaparecido, tenía una cooperativa de servicios de soldadura y dejó dos hijos.
“En toda esta frontera el conflicto armado va y viene. Los armados están allá, están aquí. Tuvimos paramilitares, el temible Bloque Vencedores de Arauca. Esa dinámica violenta se exacerbó en los años 2005, 2006 y 2010, cuando se enfrentaron las FARC con el ELN por el control territorial. Hubo un éxodo de gente de Colombia hacia Venezuela. Los grupos se dieron cuenta de eso y empezaron a extorsionar y a coger gente por la fuerza en la frontera. Hay muchas personas que desaparecieron haciendo ese recorrido”, dice la defensora local, Serrato Salazar.
Los restos de Brenda por fin aparecieron
Como se dijo al comienzo de esta entrega, Breliacnis Lara culminó hace poco una búsqueda que le robó 13 años de su vida. El 10 de marzo de 2025 recibió los restos de su madre, Brenda María Marín Lara, quien tenía 38 años cuando desapareció.
“Ella siempre se movía entre Colombia y Venezuela, atravesaba la frontera con Arauca permanentemente. Yo estaba pequeña cuando ella se fue. Nos dijo que iba a trabajar, y a mi hermano y a mí nos llevaron a vivir con el abuelo. Después nos mudamos a Oriente, al estado Monagas. Desde muy pequeños nos comenzaron a amenazar. Yo tenía como 14. No sabíamos qué pasaba. Ya cuando estábamos más grandes nos dijeron que era que mamá se había ido a la guerrilla colombiana y se movía por los lados de Pueblo Nuevo, más abajo de Tame, en Arauca. Con el tiempo migramos a Colombia. Vivir en Venezuela con tanta pobreza no era posible. Entonces, [en Colombia] reactivé la búsqueda de mi mamá”, cuenta Breliacnis.
La información de que en unos combates en Arauca habían muerto varios guerrilleros, entre quienes estaba su madre, y que los cuerpos habían sido enterrados sin identificar, llegó a Breliacnis. “Yo fui a Bogotá y empecé los contactos con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Un día me llamaron porque la habían identificado y nos iban a entregar sus restos”.
El reciente 10 de marzo, Breliacnis y demás familiares acudieron a la “entrega digna”, como la UBPD llama a estas ceremonias. Elba Sánchez Rosas, coordinadora de la unidad en Arauca, dijo que el reconocimiento de los restos se hizo tras la intervención del cementerio principal. “Ha sido un trabajo complejo pero es el proceso a seguir. La búsqueda debe comenzar por ahí, por los campos santos a donde trasladaron durante décadas cuerpos sin identificar. Yo quisiera que los gobiernos de ambos países acordaran una estrategia de búsqueda humanitaria también en los cementerios de Venezuela, donde seguro hay colombianos sepultados sin nombre”.
“Donde hubiese un espacio vacío metíamos los cuerpos”
Un hombre que fue sepulturero en Apure cruzó el puente limítrofe sobre el río Arauca que comunica ese estado llanero de Venezuela con la capital araucana, en Colombia, el 14 de mayo del 2025. Lo hizo para compartir con los reporteros la historia que le tocó vivir. “A nosotros nos tocó enterrar gente en el cementerio. Donde hubiese un espacio vacío metíamos cuerpos sin preguntar por qué aparecían abandonados. Si allá [en Venezuela] hicieran lo que andan haciendo acá en este país [Colombia], seguro muchos familiares tendrían respuestas”, dijo.
El sepulturero pidió que no se publicara su nombre. Es un hombre mayor que todavía asume riesgos y se rebela contra el confinamiento impuesto por la guerrilla en algunos puntos fronterizos de ambos países. “Ellos se pasan de aquí para allá. Hay un campamento allá [y señala hacia Venezuela]. Tienen controlado el uso del internet, por eso no pudimos hablar por ahí. Dicen hasta a qué hora la gente tiene que encerrarse. Ellos mandan. Ahora es peor”.
El sepulturero deja ver el miedo instalado en el territorio y también pone sobre la mesa un tema caliente del que nadie quiere ocuparse, el hecho de que el grupo guerrillero ELN delinque en ambos países por igual.
Kleiver Andrey se esfumó hace poco
Kleiver Andrey Ramírez Acuña cruzó el río Arauca desde Colombia hacia la localidad de El Amparo, para visitar a su novia venezolana. Horas después, la muchacha llamó a la abuela de su novio para decirle que él no había llegado. Desde el 6 de marzo de 2025 nadie sabe nada del joven de 17 años, que se acababa de graduar de bachiller en 2024.
Kiara Acuña, mamá de Kleiver, cuenta desde la humilde casa de la abuela del joven, en el barrio Libertadores de Arauca, que los últimos mensajes que su hijo le escribió a la novia eran confusos. “Daba a entender que estaba en peligro. Se estaba como despidiendo de ella. Ella me envió las capturas de pantalla. Yo hablé con el amigo con el que mi hijo estuvo por última vez. Es un muchacho al que le dicen El gordo, quien me dijo que había dejado a Andrey en el puesto de la canoa para cruzar a Venezuela, pero yo siento que él sabe algo más”.
La mujer dio a conocer en redes sociales la desaparición de su hijo “y comenzaron a llegarme mensajes al celular de un número desconocido. Me decían que si seguía publicando no iba a encontrar ni el cuerpo de mi hijo. Me dijeron que eliminara todo y que, si no, me iban a apretar”. Kiara extiende el celular para mostrar los mensajes amenazantes que guarda con celo.
Un par de días después de lo sucedido con Kleiver, otro joven de Arauca desapareció. En el barrio hay varias historias de ausencias obligadas que las madres no quieren reportar a las autoridades porque tienen miedo. Todos son jóvenes, todos iban a cruzar el río. Los rumores en el barrio de atmósfera pesada aseguran que a los muchachos los está reclutando la guerrilla, a la que se refieren como “el actor armado”, así, sin nombre propio, para evitar represalias.
Kiara fue hasta Saravena, un municipio del departamento de Arauca. Desde allí “mandé mensajes a la guerrilla de que si tienen a mi muchacho que me lo devuelvan. El día que fui se habían llevado a dos jóvenes”. Cruzó varias veces el río Arauca para ir a El Amparo. “Fui hasta Guasdualito, que queda a 30 minutos de El Amparo, hasta que alguien se acercó a decirme que no me siguiera arriesgando tanto”.
El miedo manda
“En esta capital tenemos un reporte, desde el 2022, de más o menos 120 personas desaparecidas, sobre las que al día de hoy no sabemos. Es un número alto”, refiere la defensora local, Grace Serrato. Los números, la estadística del horror.
En Arauca el miedo borbotea como sangre por la herida. Llegar a la ciudad y recorrerla es como viajar en el tiempo y sentir que nuevamente se está habitando aquella época en que mataban hasta a cinco personas por día. La gente en la calle saluda con cuidado cuando se trata de un foráneo y recomienda a los periodistas hablar bajito en los hoteles, porque no se sabe quiénes son los huéspedes de los cuartos contiguos. La desconfianza es absoluta.
Las entidades colombianas -UBPD, JEP y Unidad de Víctimas- han insistido en un plan binacional entre Colombia y Venezuela para buscar en cementerios fronterizos y acceder a registros forenses. Pero la falta de voluntad política ha detenido toda posibilidad de trabajo conjunto. Mientras tanto, las madres siguen buscando. Porque aún sin cuerpo, sin respuestas y sin justicia, hay algo que ningún grupo armado ha podido desaparecer: la esperanza.
