Delcy Rodríguez firmó la sentencia de muerte de varios entes que vivían del presupuesto en el Despacho de la Presidencia. A través del decreto 5.248, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.985, la funcionaria ordenó la reestructuración inmediata del ministerio y dejó en la calle a varias «misiones» y fundaciones emblemáticas del madurismo que operaban desde Miraflores.
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El documento oficial, fechado el lunes 9 de febrero, estableció la supresión y liquidación total de organismos que sirvieron como caja chica y aparato de propaganda durante años. Entre los descabezados figuraron la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, entes que manejaron recursos millonarios sin mayor contraloría bajo la sombra del «protector» anterior.
La «limpieza» también alcanzó a la Fundación Propatria 2000 y a la Fundación José Félix Ribas. Además, el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, un bastión de la militancia uniformada y leal a la cúpula saliente, quedó eliminado de la estructura presidencial.
Uno de los golpes más duros a la estructura de control e inteligencia fue la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). Este organismo funcionó como el gran censor del régimen, encargado de monitorear y clasificar información «sensible».
Por otro lado, la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz sobrevivió a medias, pues fue transferida al Ministerio para Relaciones Exteriores.
