Desde el momento de su investidura, Donald Trump pasó a la acción para cumplir una de sus promesas electorales más populares: la deportación masiva de 13 millones de migrantes indocumentados. Más de un centenar de medidas migratorias han cambiado la vida de millones de personas que residían y trabajaban en el país, documentadas e indocumentadas, y ahora temen la expulsión. Desde el Gobierno se ha querido equiparar a los indocumentados con delincuentes que suponen una amenaza, pero la realidad es que la mayoría carece de antecedentes penales. Los abusos cometidos por el Ejecutivo bajo el argumento de proteger el país se han personificado en el caso de Kilmar Abrego García, convertido en símbolo de las injusticias que se están produciendo con las deportaciones y que ha hecho que hasta el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto pidiendo su retorno.
Por El País
Abrego García, salvadoreño de 29 años, se encuentra en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador desde el 15 de marzo. Es uno de los 23 salvadoreños que junto a 238 venezolanos fue deportado al país centroamericano bajo la acusación de pertenecer a la MS-13, una pandilla criminal salvadoreña que Trump ha definido como grupo terrorista, lo mismo que la venezolana Tren de Aragua, la otra banda a la que supuestamente pertenecen los expulsados.
La singularidad del caso de Abrego García es que, por primera vez, el Gobierno admitió que fue deportado por un “error administrativo”. El detenido contaba con una protección judicial desde 2019 que prohibía su deportación. A pesar de ello, la Administración se negó a intentar enmendar su equivocación y traerlo de vuelta, lo que ha desembocado en un pulso entre el poder ejecutivo y el poder judicial que aún no se ha resuelto.
El Ejecutivo justificó que el detenido ya estaba bajo la custodia del Gobierno de Nayib Bukele y que no podía hacer nada por regresarlo a Estados Unidos. Un argumento que no ha aceptado ni el Tribunal Supremo, que unánimemente ha exigido al Gobierno que “facilite” su retorno.
A cambio, Trump y su equipo han iniciado una campaña de desprestigio contra Abrego García para justificar su permanencia en la cárcel, a pesar de que no han aportado pruebas de comportamiento delictivo y carece de antecedentes penales.
El miércoles pasado, la jueza federal de distrito Paula Xinis, que ha llevado el caso desde el comienzo, suspendió temporalmente su orden que exigía al Gobierno explicar sus gestiones para el regreso. La pausa se produjo un día después de que criticara a la Administración por negarse a proporcionar información y es la primera señal de un posible cambio de tono en la batalla legal.
Detenido sin razón
Abrego García fue detenido el 12 de marzo cuando viajaba en su coche con su hijo de 5 años, que es autista, y se disponía a recoger a los otros dos niños hijos de su esposa, ciudadana estadounidense. Los cinco formaban una familia residente en el condado de Prince George, en Maryland. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pararon su coche y le anunciaron que su estatus había cambiado. Se lo llevaron detenido y empezó el calvario de la familia. Sin saber el motivo de su detención, Abrego García fue trasladado a Florida, Georgia y Luisiana.
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