El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el miércoles 5 de febrero que un grupo de presos políticos recluidos en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, son sometidos a un adoctrinamiento religioso.
La organización no gubernamental (ONG) aseguró que estos detenidos son forzados a participar en actividades evangélicas, lo que vulnera su derecho a la libertad de culto, establecido en el artículo 59 de la Constitución venezolana.
Artículo 59 de la Constitución:
El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones.
Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos.
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Los familiares de los presos políticos dijeron que las personas que se niegan a participar en las actividades religiosas corren el riesgo de ser castigadas.
El OVP indicó que, de acuerdo con las familias de los presos, el director de la cárcel de Tocorón habría llegado a un acuerdo con el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, para promover la evangelización dentro de la institución.
“Esto se traduce en la imposición de prácticas religiosas a los presos, limitando aún más su libertad y sometiéndolos a presiones que vulneran sus derechos fundamentales”, dijo el OVP en la denuncia.
La organización alegó que además de violar el derecho a la libertad de culto, también vulnera su libertad de pensamiento y conciencia, principios que aparecen contemplados en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos.
«Asimismo, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es signataria, protege el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y prohíbe la coacción que pueda menoscabar esta libertad”, añadió la ONG.
Detalles de la denuncia
Los familiares relataron que una de las actividades forzadas ocurrió el 31 de diciembre de 2024, cuando obligaron a los detenidos a escuchar música cristiana de manera ininterrumpida por horas.
La denuncia señala que las personas que se negaron a participar fueron amenazadas con represalias como la restricción de visitas, aislamientos y tratos degradantes.
“Lo que está ocurriendo en esta cárcel es una violación flagrante de los derechos humanos y de la libertad de culto. No se puede obligar a nadie a adoptar una creencia bajo presión, menos aún cuando están en una situación de total vulnerabilidad. Es el colmo que el régimen no solo los mantenga detenidos en condiciones inhumanas, sino que ahora también pretende imponerles una doctrina religiosa, negándoles su derecho a decidir sobre sus propias creencias”, agregó Humberto Prado, director del OVP.
Los familiares de los presos políticos expresaron su preocupación por la situación y pidieron la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“No solo están injustamente encarcelados, sino que además se les somete a un adoctrinamiento forzado. Necesitamos que esta situación sea visibilizada y que se exija respeto por sus derechos”, indicó un familiar de un preso político en Tocorón.
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