Esa tarde de agosto de 2024 era como cualquier otra para O., quien acababa de hacer sus deberes estudiantiles del día y decidió tomar un breve descanso en casa. Se sentó y empezó a revisar su celular para pasar el tiempo. Entonces se tropezó con un detalle que rompería su rutina.
Notó que al teléfono le había llegado una notificación de Google advirtiéndole que la dirección de correo electrónico que normalmente usaba como estudiante de la privada Universidad Arturo Michelena (UAM), presentaba fallas. Quiso ingresar a la cuenta para chequear el problema, pero se percató de que su sesión había sido cerrada por una orden de inhabilitación de la propia universidad. Enseguida revisó su usuario en Terna (la plataforma que la institución utiliza para cargar las notas y procesar los pagos de matrículas) y se encontró con el mismo resultado.
Si bien en ese instante O. ya podía intuir por cuál motivo estaba ocurriendo todo aquel veto electrónico contra su persona, no pudo evitar el nerviosismo. Pero apenas recobró la calma, se puso a averiguar: entonces constató que decenas de estudiantes de la UAM tenían el mismo problema.
“Ahí, de inmediato, fue que supe que no se trataba de un error, sino de algo a dedo”, contó O. al reportero de Armando.info. Bajo esa premisa, varios de los afectados, como O., se coordinaron para obtener tanto una versión oficial como una solución para el percance. Preguntaron a las autoridades universitarias y no obtuvieron respuesta alguna en esos primeros contactos. El asunto no era menor para el grupo de jóvenes: mientras se mantenía la inhabilitación, perdían la posibilidad de entregar tareas y realizar exámenes. Podía hasta ocasionar la interrupción de sus estudios universitarios.
Tuvieron que pasar unos días más para que comenzaran a sonar los teléfonos personales de los estudiantes o, en algunos casos, de sus padres y representantes. Con las llamadas, hechas desde la Consultoría Jurídica de la UAM, se les convocaba a una reunión en la recién inaugurada sede de la universidad en el centro histórico de Valencia, la capital del estado Carabobo, en el centronorte de Venezuela. Allí iban a descubrir que el incidente con sus accesos electrónicos no había sido accidental.
Esto es por tu bien
Cuando S., otro de los estudiantes inhabilitados en la esfera virtual, acudió a la cita, uno de los docentes que lo recibieron le preguntó si sabía por qué estaba allí. S. respondió con un tajante “no”. La respuesta sirvió para que Pedro Flores, Vicerrector Académico y Consultor Jurídico de la institución, a la cabeza del grupo de autoridades universitarias en esa reunión, empezara a contradecirle con las «pruebas» en la mano. A S. le pusieron enfrente una carpeta con cuatro folios. Cada una de esas hojas contenía una relación de capturas de pantalla con comentarios que S. había intercambiado unos días antes a través de un grupo de estudiantes en WhatsApp. Al propio autor sus posts le lucían apenas sarcásticos; pero, por lo que le decían, ahora S. se enteraba de que las autoridades universitarias los encontraban ofensivos.
Le dieron a firmar un “acta de apercibimiento”. No puso reparos en hacerlo. Por el acta, S. se obligaba a presentar desde sus cuentas de redes sociales una disculpa pública a la UAM, así como a dejar de emitir críticas contra la institución o mensajes que sus directivos pudieran calificar como “expresiones ofensivas”. De no cumplir lo estipulado, advertía el documento, habría consecuencias.
¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Las autoridades universitarias no se ahorraron pormenores al describirlas en la reunión. En el peor de los casos, dijeron a los estudiantes, podían tocarles de 20 a 30 años de prisión por delitos tipificados en la Ley Contra el Odio. Por lo tanto, insistía Pedro Flores, junto a Luis Cabrera, Director Académico de la Facultad de Humanidades, Letras y Artes, y a Fredy Martínez, abogado y docente de la universidad (quien luego en su cuenta de X negaría haber hecho algo así), la sanción disciplinaria que la universidad les imponía era por su bien; si se acogían a ella, iban a tener la “oportunidad” de resolver el conflicto mediante una “vía institucional” establecida por la UAM. La alternativa a esa mano tendida que se les ofrecía a los estudiantes, sería la de enfrentar el sistema judicial regular que el oficialismo chavista-madurista controla con riendas cortas.
“Hay dos formas de resolver esta situación”, aseguró Flores en uno de esos careos con estudiantes, para luego advertir: O “nosotros ponemos todas esas captures [imágenes de los mensajes en Whatsapp o publicaciones en las redes sociales de los estudiantes] en manos de los órganos judiciales y policiales para que hagan la averiguación correspondiente, porque estamos frente a un delito», o «la universidad ha decidido resolverlo en el ámbito académico y universitario para que las consecuencias no sean más graves, lo cual no garantiza que los órganos judiciales o policiales [no] inicien una averiguación de oficio o por instancias de alguna persona que se sienta afectada”.
Los miembros de la Consultoría Jurídica de la UAM tenían cada caso documentado con un expediente como el que habían mostrado a S., según confirmaron otras cuatro fuentes con conocimiento de las reuniones. Además, esas autoridades revelaron que las indagaciones habían estado a cargo de una “comisión designada por la universidad”, cuyos miembros no se dieron a conocer aduciendo consideraciones “de confidencialidad”.
Una de las tareas acometidas por esa comisión habría sido la de determinar el rango de gravedad de cada uno de los casos, de modo de clasificarlos a posteriori en tres categorías: «Menos grave, grave y gravísimo”; las penas que se les aplicarían a los potenciales sancionados tendrían severidades distintas, también según ese escalafón. Así, a los responsables de los casos “menos graves” y “graves” solo se les plantearía la firma del acuerdo de “arrepentimiento”. Pero a los de los casos considerados como “gravísimos” se les reservó una elección diabólica: debían escoger entre retirarse voluntariamente de la casa de estudios por dos semestres consecutivos, por un lado, o sufrir una expulsión de por vida, por el otro.
Allí no acabaron las advertencias de las autoridades universitarias. Avisaron a los estudiantes que no se molestaran en publicar sus historias o hablar con periodistas, porque tenían documentado caso por caso y, si alguno lo hacía, iban a saber de quién se trataba, según la versión de diversas fuentes.
Por la misma fórmula, al menos 60 estudiantes de la UAM, con O. y S. entre ellos, se encontraron entre la espada y la pared. En un evento sin precedentes en la educación universitaria venezolana, que combinó restricciones a la libertad de expresión con la vigilancia electrónica, una comisión encubierta de la UAM se había dedicado a monitorear sus comentarios en chats grupales de mensajería o en redes sociales (muchas veces publicados bajo cuentas anónimas sin una clara vinculación con el estudiantado) para usarlos en su contra. Se les acusaba de transgredir con esas publicaciones la Normativa de los Alumnos que, supuestamente, cada uno de ellos había aceptado por defecto al momento de inscribirse.
Mordaza universitaria
El proceso usado por las autoridades universitarias (valiéndose de personas infiltradas para espiar y extraer de grupos privados de Whatsapp los mensajes de los estudiantes) parte de una seria irregularidad, según argumentaron varios abogados especialistas consultados para esta historia, que pidieron no ser identificados: viola el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones de los estudiantes, que se establece en el artículo 48 de la Constitución vigente desde diciembre de 1999. No hay disciplina educativa que suplante la Constitución.
En tal sentido, de acuerdo con las mismas fuentes, las capturas de pantalla presentadas por la Consultoría Jurídica como pruebas de alguna falta presunta pudieran carecer de validez por haberse obtenido de forma contraria a lo dispuesto en la legislación. Para poder intervenir comunicaciones privadas, como pudiera interpretarse que ocurrió en este caso, es necesario contar con una orden de un tribunal para no incurrir en una violación, también, de la Ley Sobre la Protección a la Privacidad de las Comunicaciones.
“Hablar de esa forma del rector (…) es un hecho que podría ser sancionado si ocurre dentro del recinto universitario. Pero hay un problema: si esa conversación se obtiene violando la privacidad de las comunicaciones, entonces no lo puedes sancionar”, explica uno de los abogados. Y continúa: “Pero, además, no tienes que llamar a nadie a una reunión. Por el contrario, el procedimiento es notificarle primero al estudiante que se le abrió un proceso disciplinario y el estudiante en ese proceso disciplinario se defiende. ¿Qué es defenderse en este caso? Presentar argumentos y pruebas de que ellos no dijeron lo que la autoridad dice o, por ejemplo, argumentar que los captures son una violación a su derecho a la privacidad de las comunicaciones”.
Lo peor era que la razzia en el campus no tenía que ver con algún episodio estrictamente universitario; estaba relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Días antes de la jornada comicial, algunos estudiantes habían creado un grupo de Whatsapp para usarlo, sobre todo, como un espacio donde podían comentar las declaraciones que Giovanni Sebastián Nani Lozada, Rector de la UAM, venía ofreciendo en distintos medios de comunicación nacionales, incluyendo canales de TV. En efecto, el rector Nani, ingeniero de profesión, empezó súbitamente a encarnar en público el rol de un analista político-electoral; hasta entonces, nadie le conocía esa faceta. En sus intervenciones en medios, aseguró haber realizado lo que llamó un “análisis predictivo” sobre los resultados de las, entoncxes, venideras elecciones presidenciales. Según el estudio, decía el rector, el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, despuntaba como favorito para ganar la contienda con 53% de los votos. El presunto análisis, siempre de acuerdo a Nani, se habría alimentado con data proveniente de un estudio de opinión hecho por el Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos (CMIDE 50.1), una encuestadora fantasmagórica cuyos método, reputación y propia existencia habían quedado muy en entredicho tras algunas revelaciones en la prensa.
Desde luego, los comentarios en el chat de estudiantes no solían ser amables con Nani. De hecho, empezaron a escalar en intensidad y virulencia, no solo en los chats de WhatsApp, sino en otras redes sociales. El tema empezó a llamar la atención. Muchas personas se sumaron al foro, y no todas eran conocidas. Ahora los verdaderos estudiantes que participaron en el grupo lo lamentan; algunos debieron ser infiltrados. “Eran espías, sapos”, comentó una fuente que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.
Indicios del uso por parte del rector Giovanni Nani de las mismas técnicas de infiltración y vigilancia en las redes sociales y, sobre todo, en grupos de WhatsApp, también se encuentran en otros ámbitos. Por ejemplo, hace quince días Nani denunció en medios regionales cercanos al chavismo a la periodista María del Rosario Charito Rojas, una personalidad de la radio local, a quien acusó de difamarlo de manera continua. Para sustentar los señalamientos, mostró imágenes del intercambio privado en un chat llamado Periodismo Activo, que conformaban reporteros y editores del estado Carabobo. Con respecto al grupo de WhatsApp, Nani hizo además «un llamado a las autoridades del Estado para que investiguen a los administradores de este grupo promotor de la violencia”. Rojas se sintió obligada a dejar el país..
Mañas viejas de viejos conocidos
Hay algunas relaciones que perduran con el tiempo, aunque solo se sostengan por un componente esencial: la lealtad. Y la lealtad es a menudo unidireccional.
Es lo que describe la relación que une en términos de subordinación a Pedro Flores y Luis Cabrera, dos de los inquisidores en la reunión con los estudiantes, con el rector Giovanni Nani Lozada, quien se apropió del cargo en agosto de 2022 sin la aprobación mediante el voto de la mayoría de los miembros de la Asociación Civil Universidad Arturo Michelena, propietaria de la UAM, de acuerdo con las actas constitutivas de la institución.
Siguiendo la estela dejada por Nani durante su ascenso en la institución, Cabrera y Flores no sólo han escalado posiciones entre los directivos de la universidad, sino que también se han beneficiado con títulos de doctorado para los cuales ni cursaron materias ni presentaron tesis, como publicó Armando.info el pasado mes de marzo. Es una relación que se ha ido tejiendo desde al menos el año 2014, según fuentes con conocimiento interno de la universidad, y que se ha consolidado a tal punto que ambos actúan a disposición del rector sin objeciones.
Las maneras represivas dentro de la universidad ya se asomaron hace diez años, cuando una ola de protestas sacudió por varios meses las calles de ciudades en todo el país. En ese año de 2014, los empleados y estudiantes de la UAM conocían a Luis Cabrera solo como “el señor que administraba un local de venta de shawarmas”, contaron fuentes. El negocio funcionaba en un espacio alquilado dentro del llamado bulevar, un pasillo que alberga distintos expendios y que, por lo tanto, concentra parte de la vida diaria en la institución. Tanto, que también escondía un secreto: en habitáculos entre sus muros se llegó a retener a estudiantes para que no pudieran acudir a las manifestaciones callejeras de 2014, según denunciaron para esta historia antiguos integrantes de la directiva de la UAM y varios estudiantes afectados entonces.
Según los testimoniantes, quienes hace una década los confinaron eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) que habían ingresado al recinto universitario vistiendo uniformes del personal de mantenimiento, un servicio que para ese momento Giovanni Nani dirigía. A los estudiantes los interrogaron y les pedían revelar los nombres de sus colegas que participaban en la organización de las protestas o, de lo contrario, los incluirían en una lista negra que iba a ser entregada a la justicia chavista.
Algunos de ese grupo de estudiantes sufrieron consecuencias casi de inmediato. Por ejemplo, uno de ellos, que habló con Armando.info a condición de mantener su identidad en estricta reserva, notó en aquella ocasión cómo los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía Municipal de San Diego, un municipio en el extrarradio de Valencia, quienes solían custodiar las calles cercanas a la UAM para sofocar las protestas, comenzaron a llamarlo por su nombre y a hacer demostraciones de que conocían sus datos personales, como su lugar de residencia. Luego, a mitad de ese semestre, ocurrió un “error” en el sistema Terna que borró todas sus notas y materias que había cursado. La falla fingida casi lo llevó a tener que reiniciar desde cero sus estudios universitarios, pero una constancia de estudios que había solicitado unos meses antes, a manera de precaución, le permitió solventar el problema.
“Un día se me acercó una persona que para ese momento no era profesor, pero que terminó siendo profesor más adelante, me llamó por mi nombre y me dijo que quería hablar conmigo”, relata el exalumno de la universidad. “Cuando me siento a hablar con él, me dice: ‘Yo sé quién eres, yo sé cuáles son tus notas y cuáles materias estás cursando, y yo no quiero dañarte a ti. Si me das el nombre de todas las personas que están en el Movimiento Estudiantil, te dejo a ti fuera de la lista, pero, si no, tu información yo se la voy a dar al grupo del Sebin’”. Quien lo presionaba era Luis Cabrera.
El estudiante supo luego, por personas que lo contactaron desde el interior del cuerpo de seguridad, que las fotos de él y de otros estudiantes de la UAM eran exhibidas en una cartelera en la sede regional del Sebin, ubicada en el municipio Naguanagua, un suburbio de Valencia.
Censura en la teoría política
Durante esos meses de protestas, que se extendieron desde febrero hasta mayo de 2014, Giovanni Nani recorría el campus universitario señalando a los manifestantes y dando indicaciones a personas no identificadas para que, según comentaron cinco testigos al reportero de Armando.info, tomaran fotos, grabaran y siguieran a los protestantes por toda la universidad. Para entonces, los estudiantes lograron identificar que una de esas personas tenía el apellido “Brito” y que, si bien estaba inscrito en un postgrado que se desarrollaba los fines de semana en la UAM, no asistía a clases.
Otro reflejo de las relaciones cercanas entre la UAM y los cuerpos de seguridad se encuentra en el relato de Roberto Romero, quien hace algunos años se desempeñaba como profesor de la cátedra de Ideas Políticas y Económicas en la Escuela de Comunicación Social.
En las aulas existía lo que él define como un “microcosmos” de diversidad de pensamientos políticos entre los estudiantes. Un día comenzó a notar la presencia de personas desconocidas, que ni siquiera se presentaban o firmaban lista, en el salón donde daba clases. No tenía que tratarse de algo irregular: en medio de ese ambiente abierto que Romero recuerda, también era frecuente que estudiantes de otros cursos le preguntaran si podían ingresar a sus clases. Pero Romero se percató de que la situación se repitió por segunda y tercera vez, hasta que se decidió a actuar.
“Comencé a notar rostros y comportamientos que no tenían que ver con la forma de actuar de los estudiantes”, contó. En una de esas ocasiones, Romero interrumpió la clase y le pidió a la persona desconocida que saliera del salón para poder conversar de manera privada. “El tipo se queda callado, sale y me pregunta que en qué me puede ayudar”, relata el exprofesor de la UAM, que le respondió: “Tú eres de la inteligencia de alguien, ¿quién te mandó?”. El sujeto soltó una carcajada y aseguró que, debido a un acuerdo entre la Gobernación de Carabobo (a cargo entonces de Francisco Ameliach) y Giovanni Nani, tenía instrucciones de vigilarlo.
Quince días después de ese episodio volvió a ocurrir lo mismo, pero con otra persona. Cuando lo confrontó, en esa ocasión frente a sus alumnos, el hombre abrió su billetera y le mostró un carnet que lo identificaba como funcionario del Sebin. En el pasado, por su rol como dirigente del movimiento estudiantil del año 2007, Romero asegura que mantuvo cierta rencilla con Ameliach, un exmilitar y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carabobo.
Esta versión de los hechos fue confirmada a Armando.info por tres diferentes fuentes, entre estudiantes y exdirectivos de la UAM, quienes alegaron haber sido perseguidos o intimidados por funcionarios de seguridad del Estado tanto en la universidad como fuera de ella.
Armando.info solicitó respuestas a la Dirección de Administración de la UAM por correo electrónico. Como reacción por esa vía, Luis Cabrera negó que existiera cualquier “coacción o amenaza por parte de las autoridades de la Universidad Arturo Michelena contra estudiantes de esta casa de estudios que hayan emitido opiniones políticas a través de redes sociales sobre las elecciones del pasado 28 de julio”.
En la breve misiva, Cabrera también solicitó a Armando.info que «se ponga fin a la persecución hacia nuestros estudiantes y profesores en relación con una situación que ya ha sido aclarada y forma parte del pasado».
Sobre esto último, remite a unas declaraciones emitidas el 19 de agosto por el propio rector, Giovanni Nani, en las que este, en respuesta a tempranas denuncias de periodistas sobre represalias en la UAM después de las elecciones, las desmiente y sostiene que forman parte de un «ataque sistemático contra las universidades privadas». «¿Con qué finalidad?», se pregunta de manera retórica Nani en el video, para enseguida responderse: «Porque las universidades están en paz. Venezuela están en paz y los estudiantes están tranquilos y apostando por la paz».
Luego hace referencia a las tribulaciones vividas en la UAM, de la que dice fue «víctima de la violencia» desde el 29 de julio, día siguiente al de las elecciones, a través de «redes sociales (…) y grupos de Whatsapp». Dirigiéndose a los padres y representantes de los alumnos de la universidad, Nani aparece asegurando que «aquí nunca castigaríamos a su hijo o al familiar que usted tiene estudiando aquí porque piense diferente o apoye una política o apoye a otro grupo político» y, tras mostrar algunos pantallazos con mensajes «de odio» en Whatsapp, recalca que su «intención principal fue siempre manejar esto a lo interno, por eso se llamó a estos muchachos a conversar con ellos, a lo interno, [para] hacerles ver que la violencia no tiene cabida en la universidad».
Pero ya se ve en qué tono se plantearon esas «conversaciones», que incluyeron claras amenazas de llevar los casos ante la Fiscalía. Para algunos todavía, la letra con sangre entra.
Esa tarde de agosto de 2024 era como cualquier otra para O., quien acababa de hacer sus deberes estudiantiles del día y decidió tomar un breve descanso en casa. Se sentó y empezó a revisar su celular para pasar el tiempo. Entonces se tropezó con un detalle que rompería su rutina.
Notó que al teléfono le había llegado una notificación de Google advirtiéndole que la dirección de correo electrónico que normalmente usaba como estudiante de la privada Universidad Arturo Michelena (UAM), presentaba fallas. Quiso ingresar a la cuenta para chequear el problema, pero se percató de que su sesión había sido cerrada por una orden de inhabilitación de la propia universidad. Enseguida revisó su usuario en Terna (la plataforma que la institución utiliza para cargar las notas y procesar los pagos de matrículas) y se encontró con el mismo resultado.
Si bien en ese instante O. ya podía intuir por cuál motivo estaba ocurriendo todo aquel veto electrónico contra su persona, no pudo evitar el nerviosismo. Pero apenas recobró la calma, se puso a averiguar: entonces constató que decenas de estudiantes de la UAM tenían el mismo problema.
“Ahí, de inmediato, fue que supe que no se trataba de un error, sino de algo a dedo”, contó O. al reportero de Armando.info. Bajo esa premisa, varios de los afectados, como O., se coordinaron para obtener tanto una versión oficial como una solución para el percance. Preguntaron a las autoridades universitarias y no obtuvieron respuesta alguna en esos primeros contactos. El asunto no era menor para el grupo de jóvenes: mientras se mantenía la inhabilitación, perdían la posibilidad de entregar tareas y realizar exámenes. Podía hasta ocasionar la interrupción de sus estudios universitarios.
Tuvieron que pasar unos días más para que comenzaran a sonar los teléfonos personales de los estudiantes o, en algunos casos, de sus padres y representantes. Con las llamadas, hechas desde la Consultoría Jurídica de la UAM, se les convocaba a una reunión en la recién inaugurada sede de la universidad en el centro histórico de Valencia, la capital del estado Carabobo, en el centronorte de Venezuela. Allí iban a descubrir que el incidente con sus accesos electrónicos no había sido accidental.
Esto es por tu bien
Cuando S., otro de los estudiantes inhabilitados en la esfera virtual, acudió a la cita, uno de los docentes que lo recibieron le preguntó si sabía por qué estaba allí. S. respondió con un tajante “no”. La respuesta sirvió para que Pedro Flores, Vicerrector Académico y Consultor Jurídico de la institución, a la cabeza del grupo de autoridades universitarias en esa reunión, empezara a contradecirle con las «pruebas» en la mano. A S. le pusieron enfrente una carpeta con cuatro folios. Cada una de esas hojas contenía una relación de capturas de pantalla con comentarios que S. había intercambiado unos días antes a través de un grupo de estudiantes en WhatsApp. Al propio autor sus posts le lucían apenas sarcásticos; pero, por lo que le decían, ahora S. se enteraba de que las autoridades universitarias los encontraban ofensivos.
Le dieron a firmar un “acta de apercibimiento”. No puso reparos en hacerlo. Por el acta, S. se obligaba a presentar desde sus cuentas de redes sociales una disculpa pública a la UAM, así como a dejar de emitir críticas contra la institución o mensajes que sus directivos pudieran calificar como “expresiones ofensivas”. De no cumplir lo estipulado, advertía el documento, habría consecuencias.
¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Las autoridades universitarias no se ahorraron pormenores al describirlas en la reunión. En el peor de los casos, dijeron a los estudiantes, podían tocarles de 20 a 30 años de prisión por delitos tipificados en la Ley Contra el Odio. Por lo tanto, insistía Pedro Flores, junto a Luis Cabrera, Director Académico de la Facultad de Humanidades, Letras y Artes, y a Fredy Martínez, abogado y docente de la universidad (quien luego en su cuenta de X negaría haber hecho algo así), la sanción disciplinaria que la universidad les imponía era por su bien; si se acogían a ella, iban a tener la “oportunidad” de resolver el conflicto mediante una “vía institucional” establecida por la UAM. La alternativa a esa mano tendida que se les ofrecía a los estudiantes, sería la de enfrentar el sistema judicial regular que el oficialismo chavista-madurista controla con riendas cortas.
“Hay dos formas de resolver esta situación”, aseguró Flores en uno de esos careos con estudiantes, para luego advertir: O “nosotros ponemos todas esas captures [imágenes de los mensajes en Whatsapp o publicaciones en las redes sociales de los estudiantes] en manos de los órganos judiciales y policiales para que hagan la averiguación correspondiente, porque estamos frente a un delito», o «la universidad ha decidido resolverlo en el ámbito académico y universitario para que las consecuencias no sean más graves, lo cual no garantiza que los órganos judiciales o policiales [no] inicien una averiguación de oficio o por instancias de alguna persona que se sienta afectada”.
Los miembros de la Consultoría Jurídica de la UAM tenían cada caso documentado con un expediente como el que habían mostrado a S., según confirmaron otras cuatro fuentes con conocimiento de las reuniones. Además, esas autoridades revelaron que las indagaciones habían estado a cargo de una “comisión designada por la universidad”, cuyos miembros no se dieron a conocer aduciendo consideraciones “de confidencialidad”.
Una de las tareas acometidas por esa comisión habría sido la de determinar el rango de gravedad de cada uno de los casos, de modo de clasificarlos a posteriori en tres categorías: «Menos grave, grave y gravísimo”; las penas que se les aplicarían a los potenciales sancionados tendrían severidades distintas, también según ese escalafón. Así, a los responsables de los casos “menos graves” y “graves” solo se les plantearía la firma del acuerdo de “arrepentimiento”. Pero a los de los casos considerados como “gravísimos” se les reservó una elección diabólica: debían escoger entre retirarse voluntariamente de la casa de estudios por dos semestres consecutivos, por un lado, o sufrir una expulsión de por vida, por el otro.
Allí no acabaron las advertencias de las autoridades universitarias. Avisaron a los estudiantes que no se molestaran en publicar sus historias o hablar con periodistas, porque tenían documentado caso por caso y, si alguno lo hacía, iban a saber de quién se trataba, según la versión de diversas fuentes.
Por la misma fórmula, al menos 60 estudiantes de la UAM, con O. y S. entre ellos, se encontraron entre la espada y la pared. En un evento sin precedentes en la educación universitaria venezolana, que combinó restricciones a la libertad de expresión con la vigilancia electrónica, una comisión encubierta de la UAM se había dedicado a monitorear sus comentarios en chats grupales de mensajería o en redes sociales (muchas veces publicados bajo cuentas anónimas sin una clara vinculación con el estudiantado) para usarlos en su contra. Se les acusaba de transgredir con esas publicaciones la Normativa de los Alumnos que, supuestamente, cada uno de ellos había aceptado por defecto al momento de inscribirse.
Mordaza universitaria
El proceso usado por las autoridades universitarias (valiéndose de personas infiltradas para espiar y extraer de grupos privados de Whatsapp los mensajes de los estudiantes) parte de una seria irregularidad, según argumentaron varios abogados especialistas consultados para esta historia, que pidieron no ser identificados: viola el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones de los estudiantes, que se establece en el artículo 48 de la Constitución vigente desde diciembre de 1999. No hay disciplina educativa que suplante la Constitución.
En tal sentido, de acuerdo con las mismas fuentes, las capturas de pantalla presentadas por la Consultoría Jurídica como pruebas de alguna falta presunta pudieran carecer de validez por haberse obtenido de forma contraria a lo dispuesto en la legislación. Para poder intervenir comunicaciones privadas, como pudiera interpretarse que ocurrió en este caso, es necesario contar con una orden de un tribunal para no incurrir en una violación, también, de la Ley Sobre la Protección a la Privacidad de las Comunicaciones.
“Hablar de esa forma del rector (…) es un hecho que podría ser sancionado si ocurre dentro del recinto universitario. Pero hay un problema: si esa conversación se obtiene violando la privacidad de las comunicaciones, entonces no lo puedes sancionar”, explica uno de los abogados. Y continúa: “Pero, además, no tienes que llamar a nadie a una reunión. Por el contrario, el procedimiento es notificarle primero al estudiante que se le abrió un proceso disciplinario y el estudiante en ese proceso disciplinario se defiende. ¿Qué es defenderse en este caso? Presentar argumentos y pruebas de que ellos no dijeron lo que la autoridad dice o, por ejemplo, argumentar que los captures son una violación a su derecho a la privacidad de las comunicaciones”.
Lo peor era que la razzia en el campus no tenía que ver con algún episodio estrictamente universitario; estaba relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Días antes de la jornada comicial, algunos estudiantes habían creado un grupo de Whatsapp para usarlo, sobre todo, como un espacio donde podían comentar las declaraciones que Giovanni Sebastián Nani Lozada, Rector de la UAM, venía ofreciendo en distintos medios de comunicación nacionales, incluyendo canales de TV. En efecto, el rector Nani, ingeniero de profesión, empezó súbitamente a encarnar en público el rol de un analista político-electoral; hasta entonces, nadie le conocía esa faceta. En sus intervenciones en medios, aseguró haber realizado lo que llamó un “análisis predictivo” sobre los resultados de las, entoncxes, venideras elecciones presidenciales. Según el estudio, decía el rector, el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, despuntaba como favorito para ganar la contienda con 53% de los votos. El presunto análisis, siempre de acuerdo a Nani, se habría alimentado con data proveniente de un estudio de opinión hecho por el Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos (CMIDE 50.1), una encuestadora fantasmagórica cuyos método, reputación y propia existencia habían quedado muy en entredicho tras algunas revelaciones en la prensa.
Desde luego, los comentarios en el chat de estudiantes no solían ser amables con Nani. De hecho, empezaron a escalar en intensidad y virulencia, no solo en los chats de WhatsApp, sino en otras redes sociales. El tema empezó a llamar la atención. Muchas personas se sumaron al foro, y no todas eran conocidas. Ahora los verdaderos estudiantes que participaron en el grupo lo lamentan; algunos debieron ser infiltrados. “Eran espías, sapos”, comentó una fuente que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.
Indicios del uso por parte del rector Giovanni Nani de las mismas técnicas de infiltración y vigilancia en las redes sociales y, sobre todo, en grupos de WhatsApp, también se encuentran en otros ámbitos. Por ejemplo, hace quince días Nani denunció en medios regionales cercanos al chavismo a la periodista María del Rosario Charito Rojas, una personalidad de la radio local, a quien acusó de difamarlo de manera continua. Para sustentar los señalamientos, mostró imágenes del intercambio privado en un chat llamado Periodismo Activo, que conformaban reporteros y editores del estado Carabobo. Con respecto al grupo de WhatsApp, Nani hizo además «un llamado a las autoridades del Estado para que investiguen a los administradores de este grupo promotor de la violencia”. Rojas se sintió obligada a dejar el país..
Mañas viejas de viejos conocidos
Hay algunas relaciones que perduran con el tiempo, aunque solo se sostengan por un componente esencial: la lealtad. Y la lealtad es a menudo unidireccional.
Es lo que describe la relación que une en términos de subordinación a Pedro Flores y Luis Cabrera, dos de los inquisidores en la reunión con los estudiantes, con el rector Giovanni Nani Lozada, quien se apropió del cargo en agosto de 2022 sin la aprobación mediante el voto de la mayoría de los miembros de la Asociación Civil Universidad Arturo Michelena, propietaria de la UAM, de acuerdo con las actas constitutivas de la institución.
Siguiendo la estela dejada por Nani durante su ascenso en la institución, Cabrera y Flores no sólo han escalado posiciones entre los directivos de la universidad, sino que también se han beneficiado con títulos de doctorado para los cuales ni cursaron materias ni presentaron tesis, como publicó Armando.info el pasado mes de marzo. Es una relación que se ha ido tejiendo desde al menos el año 2014, según fuentes con conocimiento interno de la universidad, y que se ha consolidado a tal punto que ambos actúan a disposición del rector sin objeciones.
Las maneras represivas dentro de la universidad ya se asomaron hace diez años, cuando una ola de protestas sacudió por varios meses las calles de ciudades en todo el país. En ese año de 2014, los empleados y estudiantes de la UAM conocían a Luis Cabrera solo como “el señor que administraba un local de venta de shawarmas”, contaron fuentes. El negocio funcionaba en un espacio alquilado dentro del llamado bulevar, un pasillo que alberga distintos expendios y que, por lo tanto, concentra parte de la vida diaria en la institución. Tanto, que también escondía un secreto: en habitáculos entre sus muros se llegó a retener a estudiantes para que no pudieran acudir a las manifestaciones callejeras de 2014, según denunciaron para esta historia antiguos integrantes de la directiva de la UAM y varios estudiantes afectados entonces.
Según los testimoniantes, quienes hace una década los confinaron eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) que habían ingresado al recinto universitario vistiendo uniformes del personal de mantenimiento, un servicio que para ese momento Giovanni Nani dirigía. A los estudiantes los interrogaron y les pedían revelar los nombres de sus colegas que participaban en la organización de las protestas o, de lo contrario, los incluirían en una lista negra que iba a ser entregada a la justicia chavista.
Algunos de ese grupo de estudiantes sufrieron consecuencias casi de inmediato. Por ejemplo, uno de ellos, que habló con Armando.info a condición de mantener su identidad en estricta reserva, notó en aquella ocasión cómo los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía Municipal de San Diego, un municipio en el extrarradio de Valencia, quienes solían custodiar las calles cercanas a la UAM para sofocar las protestas, comenzaron a llamarlo por su nombre y a hacer demostraciones de que conocían sus datos personales, como su lugar de residencia. Luego, a mitad de ese semestre, ocurrió un “error” en el sistema Terna que borró todas sus notas y materias que había cursado. La falla fingida casi lo llevó a tener que reiniciar desde cero sus estudios universitarios, pero una constancia de estudios que había solicitado unos meses antes, a manera de precaución, le permitió solventar el problema.
“Un día se me acercó una persona que para ese momento no era profesor, pero que terminó siendo profesor más adelante, me llamó por mi nombre y me dijo que quería hablar conmigo”, relata el exalumno de la universidad. “Cuando me siento a hablar con él, me dice: ‘Yo sé quién eres, yo sé cuáles son tus notas y cuáles materias estás cursando, y yo no quiero dañarte a ti. Si me das el nombre de todas las personas que están en el Movimiento Estudiantil, te dejo a ti fuera de la lista, pero, si no, tu información yo se la voy a dar al grupo del Sebin’”. Quien lo presionaba era Luis Cabrera.
El estudiante supo luego, por personas que lo contactaron desde el interior del cuerpo de seguridad, que las fotos de él y de otros estudiantes de la UAM eran exhibidas en una cartelera en la sede regional del Sebin, ubicada en el municipio Naguanagua, un suburbio de Valencia.
Censura en la teoría política
Durante esos meses de protestas, que se extendieron desde febrero hasta mayo de 2014, Giovanni Nani recorría el campus universitario señalando a los manifestantes y dando indicaciones a personas no identificadas para que, según comentaron cinco testigos al reportero de Armando.info, tomaran fotos, grabaran y siguieran a los protestantes por toda la universidad. Para entonces, los estudiantes lograron identificar que una de esas personas tenía el apellido “Brito” y que, si bien estaba inscrito en un postgrado que se desarrollaba los fines de semana en la UAM, no asistía a clases.
Otro reflejo de las relaciones cercanas entre la UAM y los cuerpos de seguridad se encuentra en el relato de Roberto Romero, quien hace algunos años se desempeñaba como profesor de la cátedra de Ideas Políticas y Económicas en la Escuela de Comunicación Social.
En las aulas existía lo que él define como un “microcosmos” de diversidad de pensamientos políticos entre los estudiantes. Un día comenzó a notar la presencia de personas desconocidas, que ni siquiera se presentaban o firmaban lista, en el salón donde daba clases. No tenía que tratarse de algo irregular: en medio de ese ambiente abierto que Romero recuerda, también era frecuente que estudiantes de otros cursos le preguntaran si podían ingresar a sus clases. Pero Romero se percató de que la situación se repitió por segunda y tercera vez, hasta que se decidió a actuar.
“Comencé a notar rostros y comportamientos que no tenían que ver con la forma de actuar de los estudiantes”, contó. En una de esas ocasiones, Romero interrumpió la clase y le pidió a la persona desconocida que saliera del salón para poder conversar de manera privada. “El tipo se queda callado, sale y me pregunta que en qué me puede ayudar”, relata el exprofesor de la UAM, que le respondió: “Tú eres de la inteligencia de alguien, ¿quién te mandó?”. El sujeto soltó una carcajada y aseguró que, debido a un acuerdo entre la Gobernación de Carabobo (a cargo entonces de Francisco Ameliach) y Giovanni Nani, tenía instrucciones de vigilarlo.
Quince días después de ese episodio volvió a ocurrir lo mismo, pero con otra persona. Cuando lo confrontó, en esa ocasión frente a sus alumnos, el hombre abrió su billetera y le mostró un carnet que lo identificaba como funcionario del Sebin. En el pasado, por su rol como dirigente del movimiento estudiantil del año 2007, Romero asegura que mantuvo cierta rencilla con Ameliach, un exmilitar y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carabobo.
Esta versión de los hechos fue confirmada a Armando.info por tres diferentes fuentes, entre estudiantes y exdirectivos de la UAM, quienes alegaron haber sido perseguidos o intimidados por funcionarios de seguridad del Estado tanto en la universidad como fuera de ella.
Armando.info solicitó respuestas a la Dirección de Administración de la UAM por correo electrónico. Como reacción por esa vía, Luis Cabrera negó que existiera cualquier “coacción o amenaza por parte de las autoridades de la Universidad Arturo Michelena contra estudiantes de esta casa de estudios que hayan emitido opiniones políticas a través de redes sociales sobre las elecciones del pasado 28 de julio”.
En la breve misiva, Cabrera también solicitó a Armando.info que «se ponga fin a la persecución hacia nuestros estudiantes y profesores en relación con una situación que ya ha sido aclarada y forma parte del pasado».
Sobre esto último, remite a unas declaraciones emitidas el 19 de agosto por el propio rector, Giovanni Nani, en las que este, en respuesta a tempranas denuncias de periodistas sobre represalias en la UAM después de las elecciones, las desmiente y sostiene que forman parte de un «ataque sistemático contra las universidades privadas». «¿Con qué finalidad?», se pregunta de manera retórica Nani en el video, para enseguida responderse: «Porque las universidades están en paz. Venezuela están en paz y los estudiantes están tranquilos y apostando por la paz».
Luego hace referencia a las tribulaciones vividas en la UAM, de la que dice fue «víctima de la violencia» desde el 29 de julio, día siguiente al de las elecciones, a través de «redes sociales (…) y grupos de Whatsapp». Dirigiéndose a los padres y representantes de los alumnos de la universidad, Nani aparece asegurando que «aquí nunca castigaríamos a su hijo o al familiar que usted tiene estudiando aquí porque piense diferente o apoye una política o apoye a otro grupo político» y, tras mostrar algunos pantallazos con mensajes «de odio» en Whatsapp, recalca que su «intención principal fue siempre manejar esto a lo interno, por eso se llamó a estos muchachos a conversar con ellos, a lo interno, [para] hacerles ver que la violencia no tiene cabida en la universidad».
Pero ya se ve en qué tono se plantearon esas «conversaciones», que incluyeron claras amenazas de llevar los casos ante la Fiscalía. Para algunos todavía, la letra con sangre entra.
