Miami, 28 de mayo de 2025 — La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha intensificado una investigación de alto nivel que involucra a los diputados venezolanos Luis Parra y Conrado Pérez, figuras prominentes del grupo político conocido como “Los Alacranes”. La indagación se centra en su presunta participación en redes de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción transnacional, con implicaciones que alcanzan a países en América, Europa y Asia.
Fuentes federales confirmaron que la investigación forma parte de un expediente abierto desde hace varios años, inicialmente enfocado en delitos económicos relacionados con el programa de alimentos subsidiados CLAP. Sin embargo, nuevos hallazgos han llevado a la DEA a ampliar el caso, incorporando evidencias que apuntan a actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes y al uso de esquemas financieros para ocultar ganancias ilícitas.
Entre los principales señalados figura Conrado Pérez Briceño, actual rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Las autoridades estadounidenses investigan sus presuntos lazos familiares con personas detenidas por delitos de narcóticos, así como su papel en operaciones de fraude electoral que favorecieron la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.
De acuerdo con testimonios y documentos obtenidos por la DEA, tanto Pérez como Parra habrían experimentado un notorio incremento en su nivel de vida, caracterizado por lujos injustificados, el uso de testaferros y relaciones cercanas con individuos previamente condenados por tráfico de drogas. Varias empresas asociadas al programa CLAP y firmas internacionales de asesoría estarían facilitando el lavado de dinero derivado tanto del narcotráfico como de la corrupción, desviando fondos a través de complejos mecanismos financieros que involucran paraísos fiscales.
La red en investigación no solo comprometería a actores políticos venezolanos, sino que también involucra a empresas extranjeras, especialmente europeas, que habrían actuado como canales para legalizar activos ilícitos. Estas operaciones, según las autoridades, representan una amenaza directa para la salud pública de Estados Unidos y ponen en riesgo la integridad del sistema financiero internacional.
Asimismo, se investigan vínculos entre los diputados y estructuras de poder señaladas por facilitar la desarticulación de la oposición democrática en Venezuela, mediante prácticas corruptas y alineación con intereses del régimen de Maduro.
Las agencias estadounidenses han reiterado su compromiso de llevar a la justicia a todos los involucrados, sin importar su nacionalidad o cargo público. El avance del caso podría derivar en imputaciones penales en los próximos meses, tanto para los funcionarios directamente implicados como para las entidades que hayan participado en el encubrimiento o facilitación de estos delitos.
“La justicia actuará sin contemplaciones frente a quienes amenacen la seguridad y los intereses de los Estados Unidos mediante actividades criminales transnacionales”, indicaron fuentes del Departamento de Justicia.
Fin del comunicado
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