Un grupo de familiares y activistas venezolanos se concentró este lunes frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para entregar una carta que exige al Gobierno español una mayor implicación en la liberación de los que consideran 60 presos políticos con nacionalidades europeas detenidos en Venezuela, entre los que se encuentran 12 españoles.
La acción, convocada por el Comité por la libertad de los presos políticos y Comando con Venezuela España, coincidió con la reciente salida del país sudamericano de un grupo de antichavistas que estuvo asilado en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas desde hace más de un año.
Los participantes celebraron «la operación», que calificaron como «exitosa» y «quirúrgica», al tiempo que reclamaron que España asuma un papel más activo en la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
María Gabriela Olavarría, coordinadora de organización Vente España, señaló a EFE que esa operación fue «un aviso» de las «capacidades» que tiene la oposición y reiteró que «no hubo ningún tipo de negociación» con el Gobierno venezolano.
Olavarría denunció que, pese a su «liberación», la persecución contra sus compañeros y sus allegados continúa en Venezuela: «han ido a violentar el hogar de Magalli Meda, de su madre, de Humberto Villalobos».
La activista calificó de «criminal» al régimen de Maduro y subrayó que estos actos evidencian su «debilidad»: «Si ellos hubieran negociado, como dicen, ¿por qué vas a ir a violentar la vivienda de una persona a quien tú acabas de liberar?».
60 ‘presos políticos’ con nacionalidades europeas en Venezuela
Según los organizadores, en Venezuela hay, al menos, 60 presos políticos con doble nacionalidad europea, siendo España (12), Italia (8) y Portugal (3) los países con más ciudadanos detenidos.
«España no ha liderado este proceso y lo vemos con una gravedad enorme», denunció a EFE Edmaly Mucó, coordinadora de proyectos del Foro de Madrid, una alianza entre partidos políticos y otras organizaciones de Hispanoamérica y España vinculada al partido ultraderechista español Vox.
«No son cárceles, son centros de tortura por pensar distinto», añadió Mucó, quien instó al Gobierno español y a la Unión Europea a pasar «de la diplomacia a las acciones».
Mariana Suárez, parte del comité de víctimas, subrayó a EFE que se encuentran reunidos allí para «alzar la voz y exigirle, no solamente a España, sino a toda la Unión Europea, que se pongan del lado de los derechos humanos».
Por su parte, Olavarría recalcó que «no es un tema de ideologías políticas» sino de «la dignidad» de los presos políticos en Venezuela.
La carta entregada solicita a Exteriores una audiencia con el ministro José Manuel Albares y propone que España promueva una mediación efectiva para lograr la excarcelación de los detenidos.
Los organizadores recordaron también los recientes actos de hostigamiento en Venezuela contra familiares de activistas como Andreína Baduel y Sairam Rivas, fundadoras del comité, tras participar en iniciativas similares. EFE
