Fospuca: La basura como botín, José Simón Elarba y el alcalde Darwin González tejen un contubernio en Baruta con tarifas abusivas y otras arbitrariedades

Armando.info

En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.

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La historia de Fospuca, la recolectora de basura presente en Caracas desde hace más de 40 años, dejó de ser solo la de un emprendimiento privado que prestaba un servicio a las municipalidades de la capital venezolana para pasar al terreno de la influencia política desde que, en 2014, el abogado y empresario José Simón Elarba Haddad compró la compañía. La relación, a ratos siamesa, a ratos de patrocinio, entre Fospuca y la alcaldía de Baruta ilustra muy bien esa metamorfosis. Con un matiz adicional: también a ratos no queda claro quién patrocina a quién. Elarba, a través de su Fospuca, llegaría a entablar con la Alcaldía de Baruta -un distrito de clase media, tradicionalmente opositor, en el sureste de Caracas- una relación por la cual ha sido capaz de definir a su gusto tarifas, mecanismos de cobro y hasta sanciones. Un caso en que el proveedor dicta condiciones al contratante. Hasta el año en que Fospuca firmó su primer contrato con la Alcaldía de Baruta, en 2015, los montos a pagar por el servicio de aseo urbano en ese y otros municipios caraqueños se determinaban sobre la base de un cálculo tradicional, simple: se asignaba una tarifa por tonelada de basura recogida, se sumaban las toneladas de basura en un municipio y se dividían entre su cantidad de habitantes. Pero con la llegada de Fospuca ese método de prorrateo se convirtió, de manera literal, en basura. Tras desecharlo, el Concejo Municipal y la propia Alcaldía de Baruta decidieron usar, desde ese primer año de la concesión y en el caso de los clientes comerciales, una tarifa proporcional a la superficie de los locales de estos, fueran cuales fueran sus volúmenes de desperdicios; y unas tarifas preestablecidas, sin correlato con los volúmenes, para el sector residencial.

En Baruta, por ejemplo, si un local tiene 50 metros cuadrados y produce 1.000 kilos de basura por mes, su dueño pagará mucho menos que otro con un espacio de 200 metros cuadrados en el que se produzcan 100 kilos de basura en el mismo periodo. Esta lógica contraintuitiva pudiera leerse como un estímulo para la eficiencia en la producción y manejo de los desechos, pero lo que en la realidad consigue es pechar la superficie de los locales comerciales. Y, a menudo, provocar su cierre. Fue solo el comienzo de una racha de decisiones favorables a la empresa. Además de permitir incrementos arbitrarios para el cobro del servicio, en 2019, el ayuntamiento baruteño programó su sistema de cobros de impuestos municipales para bloquear los pagos de aquellos negocios que se mantuvieran insolventes con Fospuca. Con ello, la complacencia de la Alcaldía de Baruta con Fospuca pasó a otro nivel: ya no solo se trata de favorecer al contratista sino, además, de hacerlo aunque resulte en detrimento de los propios ingresos municipales.

Un éxito que vale por muchas quiebras

Se puede afirmar que el modelo de negocios de Fospuca ha sido exitoso. Ahora mismo, además de sus clientes tradicionales en Caracas, como las alcaldías de los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, presta servicios en Maneiro (Nueva Esparta), San Diego (Carabobo), El Tigre (Anzoátegui), Iribarren (Lara) y Caroní (Bolívar). En medio de esa expansión, Baruta sigue siendo un cliente ideal, un ejemplo a seguir. No en balde allí se observan signos de que preparan la renovación, sin competencia visible, de la concesión a Fospuca a partir de 2025 y por diez años más. Cuando José Simón Elarba se hizo con la concesión del servicio de aseo urbano en Baruta, corría el año 2015 y el alcalde era Gerardo Blyde, abogado, exdirigente del partido Primero Justicia, actual negociador por la oposición de los Acuerdos de Barbados y derivados. Luego de un llamado a concurso de licitación, Blyde y Elarba (a la postre, socios en el bufete de abogados Gadea, Lesseur & Asociados) firmaron la concesión.

Las regulaciones de las empresas privadas que prestan servicios en Baruta son competencia de la Alcaldía, al mando hoy y desde 2017 de Darwin González, y del Concejo Municipal, presidido por Armando Machado. Tanto González como Machado son militantes del partido Fuerza Vecinal. En virtud de la vigente Ordenanza de Tasas y Tarifas de Desechos Sólidos (artículo 19, parágrafo 3), las empresas de recolección de basura que operen en Baruta estarán obligadas a presentar una estructura de costos validada por profesionales en materia presupuestaria y soportada por documentación “legal, económica y financiera”. Si esa Ordenanza de Tasas y Tarifas de Desechos Sólidos obliga a Fospuca a presentar un esquema de costos validado para aumentar el servicio, habrá que concluir en Baruta la teoría está divorciada de la práctica. “Aumentan las tarifas por armonización monetaria, sin soportes, sin estructuras de costo, sin auditoría: lo que hay es una carta de Elarba justificando sus aumentos. No ha sido auditado ni ha presentado una certificación de costos por un profesional colegiado”, denuncia, en conversación telefónica, Soledad Rodríguez, concejal independiente en esa cámara municipal. Según Rodríguez, una carta de Elarba cada seis meses bastaba para justificar aumentos semestrales en las tarifas durante los años más duros de la hiperinflación en Venezuela. Recuerda que solo en una oportunidad el aumento vino avalado por un profesional público colegiado. Fue en marzo de 2019. No se trata solo de una simple percepción de un actor político entrevistado. En efecto, según se desprende de documentos y fuentes que Armando.info consultó para esta investigación, los aumentos de Fospuca se han venido decretando de modo sistemático en desacato de la regulación establecida y, prácticamente, a pedido del proveedor. Por ejemplo: Armando.info corroboró, tras una revisión de gacetas municipales y de documentos de la Alcaldía, que, solo entre febrero de 2018 y octubre de 2019, Fospuca incrementó las tarifas del servicio en cinco oportunidades; una frecuencia todavía mayor que la semestral y siempre a petición de Elarba. En cada ocasión, solicitó aumentos para el sector comercial por 2416,29%, 60%, 75%, 75% y 75%, respectivamente; y en tres de ellas incluyó peticiones de aumento para el sector residencial por 1.500%, 75% y 75%.

Hasta octubre de 2019, los montos del servicio de aseo urbano en Baruta se tasaban en los bolívares soberanos de entonces. Pero la divisa de referencia empezó a cambiar en diciembre de ese año por medio de un oficio de la Alcaldía de Baruta, identificado bajo el número 001347, que hace parte del legajo al que Armando.info tuvo acceso. Una carta del alcalde Darwin González aparece encabezando el documento, que el mismo González dirige al Concejo Municipal a manera de introducción y respaldo a otra carta, esta de José Elarba, por la que Fospuca solicitaba la aprobación de un ajuste un poco mayor a los 44 millardos de bolívares soberanos (equivalentes entonces a 965 millones de dólares, según la tasa oficial del momento) en el cobro del servicio de aseo al sector comercial. En la misiva, Elarba funda su petición en la necesidad de un ajuste por los aumentos de salario mínimo decretados por el gobierno de Nicolás Maduro y un alegado incremento de 547,40% “en la estructura de costos de mantenimiento y repuestos”, una estructura que, por cierto, de nuevo deja de acompañar con la obligatoria validación de un profesional público colegiado. En cualquier caso, los argumentos de Elarba hicieron mella en la entonces presidenta del Concejo Municipal, Georgette Topalián, exintegrante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien enseguida aprobó el anclaje en Baruta de las tarifas de aseo urbano al Petro, la criptomoneda patrocinada desde 2018 por el gobierno de Nicolás Maduro y recientemente desactivada. Un cambio adicional en los parámetros de cobro del servicio ocurrió en enero de este año, a partir de la nueva Ley de Coordinación y Armonización de Potestades Tributarias (Locaptem), aprobada en noviembre de 2023 por la Asamblea Nacional de signo oficialista. El tabulador de la ley obliga a regirse por la Unidad de Cuenta Dinámica (UDCD), que el Banco Central de Venezuela (BCV) calcula en virtud de la cotización del euro. Pero entre tantos factores, además de los vaivenes de la inflación, del Petro y de la dolarización de facto, los cobros han estado al final sujetos al antojo de Fospuca.

José Alejandro Lossada, secretario general de la Federación Nacional de Comercio (Fedecomercio) lo ejemplifica con un acuerdo alcanzado en 2021 entre ese sector y José Simón Elarba en persona. Por el acuerdo, pactado de palabra y sin la presencia o mediación de las autoridades municipales de Baruta, Chacao o El Hatillo, los comerciantes aceptaron pagar el servicio con dólares. A cambio, Fospuca se disponía a otorgarles un descuento de 50% sobre la tarifa. “Él dijo: ‘si [ustedes] se comprometen a pagar en dólares, rebajo el 50%’. Y nos comprometimos a hacerlo así y llegamos a ese acuerdo, que no fue por escrito. Pero duró un mes. Si comenzaste pagando 50 dólares, luego eran 100 dólares y después 150. Se aumentaba sin sentido”, remata Lossada, quien calcula que alrededor de 400 negocios, pequeños sobre todo, han sucumbido ante estos esquema tarifario y sistema de cobros. En la misma sintonía, un locatario de un centro comercial de Baruta, cuyo nombre pide mantener en reserva, esgrime que los aumentos ni se han indexado exactamente al incremento de la inflación, ni al porcentaje de devaluación del bolívar, a los que supera. “Cómo es ese sistema de cobros es algo que no puedo explicar. Mi local tiene 30 metros cuadrados y yo pago 180 dólares al mes a Fospuca, pero saco una bolsa de basura a la semana [cada bolsa semanal le sale a 45 dólares]. No hay un parámetro, una reglamentación, una ley. Y la gente no puede reclamar nada porque no le hacen caso”, dice en conversación telefónica.

Pagando y dándose el vuelto

Por si fueran pocas las mercedes cedidas a Fospuca (no es una alusión a la zona bohemia y comercial homónima en Baruta, hasta hace poco vitrina de la prosperidad chavista, y donde la compañía tiene su sede), goza de otra prebenda: el servicio de recolección de desechos se paga directamente a la empresa y no a través de los impuestos municipales, como es norma en otros países. “En este caso, el que debe pagar es el municipio, y eso debe salir de sus arcas. El problema aquí es que le dan [a Fospuca] una carta blanca para cobrar directamente a las personas”, refiere en conversación telefónica Roberto Hung, un abogado especializado en derecho procesal constitucional. En municipios como Chacao (Caracas) o Caroní (Bolívar), Fospuca ha puesto contra las cuerdas a pequeños y medianos comerciantes que, a raíz de las deudas con la compañía, enfrentan amenazas de embargos que dejan sus locales en limbos jurídicos. “Más que concretar embargos, el objetivo es intimidar”, precisa Hung, y expone como ejemplo el caso de un comercio de reparación de electrodomésticos al que una vez representó como abogado por una amenaza de embargo de Fospuca que se dirimía en Chacao, un municipio capitalino también gobernado por Fuerza Vecinal.

“La deuda era de solo 120 dólares. Nosotros pusimos la misma suma demandada como garantía y se suspendió el embargo y nunca siguió adelante.(…) Se quería lograr algo ejemplarizante y [por eso al mismo tiempo] tenías a los señores de [la oficina de] Tributos [de la Alcaldía de Chacao] cerrando el negocio por obligaciones tributarias. Pero no se llegó a nada por eso mismo: la intención principal es amedrentar”, asevera. En el caso particular de Baruta, sostiene Hung, la autoridad tributaria municipal llega a actuar en perjuicio de sus propios intereses y patrimonio. “Para garantizar que entre en bolsillos de un tercero [en referencia a Fospuca y, en última instancia, a Elarba], hay una red total de colaboración, incluyendo en esa red al Concejo Municipal”, afirma. El anfitrión que se sacrifica por la rémora. O la lapa que trabaja para el cachicamo. El colmo en ese intercambio de papeles se alcanzó en 2019, cuando el sistema de recaudación de Baruta se puso a la orden de Fospuca como método de reprimenda a los morosos. “Hay que tener en cuenta que la alcaldía no te multa por no pagar, sino por no declarar”, explica José Alejandro Lossada desde Fedecomercio. “Entonces, al tú verte bloqueado por no haber pagado el servicio de aseo, no puedes declarar. Ese bloqueo y desbloqueo del contribuyente está supeditado a Fospuca, y está supeditado porque la alcaldía cede el control de su sistema de declaraciones a la empresa”. Esta potestad para la empresa se ha visto acompañada con el aumento en el cierre de comercios y, en consecuencia, de una reducción marcada en la recaudación del municipio. “Si no pagas Fospuca, no pagas impuestos y te ves obligado a cerrar. Si antes recaudabas 14 millones de dólares, como municipio ahora recaudas cuatro millones. ¿De quién es la culpa?”, reclama la concejal Soledad Rodríguez, quien evalúa que, de esa manera, Baruta ha dejado de percibir hasta 60% de sus ingresos por impuestos comerciales.

Intimidarlos, aunque mal no paguen

La ordenanza de tarifas para Baruta de 2015 establece que las tasas y tarifas “cubren el costo del servicio mencionado”. Sin embargo, incurre en una ambigüedad: en su artículo 7 equipara ambos términos como lo mismo. Parece un tecnicismo pero, para el abogado Roberto Hung, la confusión entre tasa y tarifa -también observada en la Ley de Gestión Integral de la Basura que la Asamblea Nacional aprobó en 2010- está en la raíz misma de la distorsión del rol de Fospuca en el esquema de prestación de este servicio, hasta servirle de excusa para sus aumentos inconsultos.

Es una opinión que comparte Bernardo Calvo, ingeniero y presidente de la Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales del estado Miranda (Campi-Miranda). “En 2005, [el entonces presidente] Hugo Chávez congeló el aumento de tasas. Eso no era otra cosa que un ingreso adicional. Lo que se cobraba era algo adicional e indebido llamado ‘relleno sanitario’, que correspondía al 10% de la tasa del aseo urbano”. Pero “con las tasas congeladas entre 2005 y 2010, año en que se promulgó la ley [de gestión integral de la basura], los municipios, para cubrir el déficit de recaudaciones, aumentaron el precio del relleno sanitario, que entonces la gran mayoría de los clientes pagaban [sin quejas] porque resultaba económico. Los aumentos por inflación eran más moderados” entonces, continúa Bernardo Calvo. “Pero la ley de 2010 confunde la palabra tasa con tarifa y allí hay una ambigüedad”, de la que hoy Fospuca se estaría aprovechando. “Cuando empezaron [en Baruta en 2019] a bloquear el pago de impuestos, el cuento que echaron fue que la inflación iba muy rápido y los métodos de cobro, muy lentos. Nos acusaron a todos los empresarios de evasores de impuestos y se inventaron el comodín del aseo urbano sin límites: que podían cobrar lo que quisieran”. Desde entonces, concluye Calvo, cualquier empresario que no esté al día con Fospuca se vuelve, sin pretenderlo, un empresario que se queda sin pagar sus impuestos municipales y, casi por obligación, un maula. No solo los municipios, y Fospuca en aquellos con los que funciona como concesionario, se valieron del relleno sanitario para imponer sus aumentos. Como recuerda Lossada, el Secretario General de Fedecomercio, tuvieron otro recurso a mano: “Cuando Chávez reguló las tarifas del aseo, como a los municipios no les alcanzaba para sostener el servicio, crearon el concepto de servicios medioambientales para compensar (…) Desde enero de 2020 [en Baruta] se aplican las dos tarifas: la de servicios medioambientales, que es innecesaria, y la de servicio de aseo urbano. Es la razón por la cual yo digo que los comerciantes pagan doble”, se lamenta.

José Gregorio Meignen, un abogado defensor de empresas que en el Distrito Caroní, estado Bolívar, enfrentan procesos de embargos por demandas de Fospuca, añade otra perspectiva a este asunto: las prácticas en Baruta que favorecen a Fospuca violan términos de la mencionada Ley de Coordinación y Armonización de Potestades Tributarias (Locaptem), por la que deberían regirse. “La Lopcatem dice que debe cobrarse por generación de basura, no por metro cuadrado (…) También especifica que los cobros son por tasas, no por tarifas. Es muy tajante en eso. Y una tercera violación es que la ley dice que se debe cancelar en moneda nacional: el bolívar”, sintetiza el letrado. En ese distrito, que comprende el área urbana conjunta de Puerto Ordaz y San Félix, o Ciudad Guayana, Meignen lo ha visto casi todo en cuanto a los caprichos de Fospuca, que se canalizan a través de solicitudes de embargos en los tribunales. “Una depositaria de un tribunal tomó edificios en construcción, que no utilizan los servicios de Fospuca porque generan escombros para los que se contrata un servicio de acarreo privado. Sin embargo, fueron demandados”, se asombra todavía. Por su parte, el abogado Roberto Hung va más allá del mero contexto local y precisa que estos esquemas de cuasi complicidad entre alcaldías y compañías también son posibles gracias a otra connivencia, la del Poder Judicial. Jueces civiles y mercantiles son quienes amagan o ejecutan los embargos. “Hay una desnaturalización de todo el derecho administrativo relativo a servicios públicos con la finalidad de meter la mano en el bolsillo de un particular”, amplía Hung, Advierte además que las prácticas de los embargos y los bloqueos pudieran estar en contraposición de la vigente Ley contra la Corrupción que, en su artículo 76, prescribe penas de un mes en prisión y multas para los funcionarios públicos que “arbitrariamente exijan o cobren algún impuesto o tasa indebidos, o que, aún siendo legales, emplee para su cobranza medios no autorizados por la ley”. Un concejal de Baruta que, en 2022, conversó con Armando.info en condición de anonimato, sumaba otra explicación para la eficacia de estas acciones intimidatorias: “Elarba tiene muchos amigos y relaciones directas con la Dirección Contra la Delincuencia Organizada. Y también relaciones políticas en el Concejo Municipal, con partidos como Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática, además de Fuerza Vecinal”. Lea completo aquí