Una amiga, madre soltera, me confesó lo abrumador que es para ella conciliar su trabajo con el cuidado de su hija. En Venezuela, no existen hogares de cuidado diario públicos, por lo que debe recurrir a servicios privados que representan una carga insostenible para sus escasos ingresos. Su hija aún es pequeña, pero cuando llegue a edad escolar, la situación se complicará aún más. Otra amiga me contó que tuvo que recurrir al apoyo financiero de sus padres para costear la atención médica de su hija, quien enfermó recientemente. En un país donde cualquier consulta médica, examen de laboratorio o tratamiento farmacológico resulta inalcanzable para la mayoría, estas historias no son excepciones, sino la norma. Los dramas cotidianos, cargados de angustia, son una constante en nuestra realidad.
Los adultos mayores enfrentan una vulnerabilidad aún más desgarradora. Las pensiones son irrisorias, apenas un eco de lo que debería garantizar una vejez digna. Si un pensionado no tiene la capacidad de trabajar hasta el final de sus días, está condenado al hambre y la precariedad. Sus hijos y nietos, atrapados en sus propias luchas económicas, enfrentan un dilema cruel: ayudar a sus mayores agrava su propia crisis financiera. En muchos casos, la única salida es el abandono, porque la decisión entre alimentar a los hijos o a los padres se convierte en un acto de supervivencia desgarrador.
Las soluciones a estos problemas son claras y urgentes. Es imperativo reactivar los programas de Hogares de Cuidado Diario para apoyar a las familias trabajadoras. El sistema de salud pública debe recuperarse para garantizar atención gratuita y de calidad. Las pensiones deben ser suficientes para ofrecer a los adultos mayores independencia financiera, estabilidad y tranquilidad. Además, se requieren servicios públicos específicos —sanitarios, educativos y recreativos— que aseguren una vejez digna. Los salarios deben recuperar su poder adquisitivo, los contratos colectivos deben respetarse y los derechos laborales deben protegerse sin excepción. Estas no son promesas utópicas, sino necesidades básicas para una sociedad funcional.
Sin embargo, ¿está el gobierno actual en condiciones de resolver estos dramas cotidianos? La respuesta es un rotundo no, por dos razones fundamentales. En primer lugar, sus propios errores han sumido al país en el aislamiento internacional, las sanciones y la desinversión, limitando los recursos para atender las necesidades de la población. En segundo lugar, y más grave aún, el bienestar de los ciudadanos no es su prioridad. El gobierno destina sus esfuerzos a sostener la maquinaria de represión y persecución que asegura su permanencia en el poder. Esta maquinaria contabiliza casi mil presos políticos, miles de exiliados y dirigentes acosados constantemente. Hay personas cuyo trabajo consiste en monitorear redes sociales, espiar conversaciones, actuar como informantes en cada comunidad y vulnerar la privacidad de los ciudadanos, todo a cambio de un sueldo que suponemos muy generoso como para prestarse a semejante salvajada. Mientras tanto, los servicios públicos y el bienestar de la población quedan relegados al olvido.
Ese, señoras y señores, es nuestro mayor drama cotidiano: un sistema que prioriza el control sobre el derecho a una vida digna.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica