Venezuela atraviesa una de las crisis humanitarias, económicas y sociales más profundas de la historia reciente de América Latina. Sin embargo, es fundamental aclarar que esta tragedia no puede atribuirse, de manera superficial, a factores internos como la “oposición política” o los famosos “saboteos terroristas”, mucho menos a factores externos como las sanciones internacionales o el llamado “imperialismo”. Las raíces de la catástrofe venezolana se encuentran en el propio modelo instaurado por el chavismo: malas políticas económicas y sociales, corrupción sistémica, criminalidad organizada y el engaño sostenido al pueblo venezolano.
En términos de pobreza, los datos son contundentes. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) —que dejó de publicar cifras oficiales en 2014—, en 1998 la pobreza general era del 49,0 % y la pobreza extrema del 16,6 %. Hoy, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2023), la pobreza ha escalado dramáticamente al 82,8 %, mientras que la pobreza extrema afecta al 50,5 % de la población.
El colapso económico también es evidente. De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) pasó de 12.070 dólares en 1998 a apenas 3.461 dólares en 2023, reflejando una caída superior al 70% de los indicadores económicos. Esta contracción está directamente relacionada con la destrucción de la industria petrolera, de la cual dependía la economía nacional. La producción de petróleo, que a finales de los años 90 superaba los 3,5 millones de barriles diarios, se desplomó a aproximadamente 735.000 barriles, una reducción de casi el 80%. La causa principal fue la politización, la falta de inversiones, el desmantelamiento de la meritocracia en PDVSA y la corrupción desenfrenada.
La corrupción bajo el denominado “Socialismo del Siglo XXI” alcanza niveles escandalosos. Hugo Chávez manejó de manera discrecional 24.444 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), sin ningún tipo de contraloría. Por su parte, Tareck El Aissami está vinculado al desfalco de más de 21.000 millones de dólares. Para dimensionarlo, el presupuesto nacional aprobado para 2024 es de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Estos hechos revelan un saqueo masivo de recursos públicos que agravó la crisis. Tenían razón los educadores, en sus protestas emblemáticas: “No es bloqueo, es saqueo”.
La corrupción y la falta de institucionalidad también han sido documentadas internacionalmente. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC, 2024) coloca a Venezuela en el lugar 178 de 180 países, sólo por encima de Sudán del Sur y Somalia, naciones devastadas por conflictos armados. Asimismo, el Índice de Paz Global (GPI, 2024) posiciona a Venezuela en el puesto 142 de 163 países, destacando su alta inseguridad, militarización y conflictividad interna.
Respecto a las sanciones internacionales, es esencial precisar que las primeras, impuestas en 2015 bajo la administración de Barack Obama, fueron de carácter político y dirigidas exclusivamente a altos funcionarios del régimen por violaciones a los derechos humanos. Las sanciones económicas más amplias no llegaron sino hasta 2017, cuando Venezuela ya padecía hiperinflación, escasez de alimentos y medicamentos, producto de años de erradas políticas económicas, emisión descontrolada de dinero sin respaldo, corrupción generalizada, expropiaciones arbitrarias y el colapso de la industria petrolera. Además, estas sanciones surgieron como respuesta a la imposición fraudulenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017) y la represión violenta contra manifestaciones pacíficas, donde se registraron numerosas muertes.
Actualmente, el régimen ha convertido a Venezuela en el principal hub criminal de América. Organizaciones como el Tren de Aragua, surgidas bajo el amparo de la impunidad estatal, han exportado violencia y criminalidad a varios países de la región. Un caso emblemático fue el secuestro del teniente venezolano (r) Ronald Ojeda en Chile, crimen atribuido a redes criminales vinculadas a esta megabanda.
Por todo lo anterior, la causa de la libertad en Venezuela no es sólo un anhelo legítimo de sus ciudadanos, sino un imperativo de seguridad y estabilidad regional. La tragedia venezolana tiene nombres y responsables claros: el chavismo y sus políticas socialistas nefastas. Reconocerlo es el primer paso para lograr la justicia y la reconstrucción de un país que aún sueña con su libertad.
