Tenía 11 años cuando guerrilleros de las FARC la armaron con fusiles y la violaron, cuando dejó de ser Sara Morales y pasó a llamarse ‘Selena’, y aprendió a la fuerza a convivir con la muerte y el miedo, y a endurecerse. «Te cortan todo de un momento a otro, te cambian un parque de atracciones por un campo de batalla», dice.
Hoy, casi 30 años después del reclutamiento y 20 desde que escapó de las filas de la guerrilla, Morales cree que a esa edad «uno no entiende lo que está pasando, pero se adapta». O te disciplinas, dice, o «te van a querer matar a toda hora».
Su historia no es aislada. En Colombia, al menos dos menores de edad son reclutados o utilizados cada tres días por grupos armados o bandas criminales. Aunque es difícil rastrear los casos, todas las estimaciones apuntan a un repunte en los últimos años, y 2025 puede marcar un nuevo pico.
Hace dos semanas, en un atentado que tiene entre la vida y la muerte al senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá, las autoridades capturaron al pistolero, de 15 años. Aún se desconocen los motivos y autores intelectuales, pero cuando fue reducido, gritó: «Lo hice por plata, por mi familia», y culpó al «man de la olla», aludiendo a zonas controladas por redes de microtráfico.
Diez días después, un concejal de San Andrés de Cuerquia (Antioquia) fue asesinado a tiros por un sicario, también menor de edad y que, según la Policía, integra las disidencias de las FARC.
«A cuántos niños como yo les robaron la infancia y los volvieron máquinas de guerra» en carteles de droga, guerrillas izquierdistas, fuerzas paramilitares y otros actores criminales, expresa Morales.
Cifras al alza
Al menos 550 menores fueron reclutados por grupos armados en 2024, según la Defensoría del Pueblo. La ONU verificó 450 casos, un 60 % más que en 2023, en el peor momento desde el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Desde 2019, «la tendencia es exponencial» y redes como TikTok se han convertido en un nuevo campo de reclutamiento con videos virales que prometen dinero y glorifican las armas y la vida en campamentos, explica a EFE la representante de Unicef Colombia, Tanya Chapuisat.
Chapuisat alerta que el reclutamiento de menores se ha extendido por todo el país, mientras caen los fondos de cooperación internacional.
Son víctimas de la falta de oportunidades, afirma. Suelen ser jóvenes de zonas empobrecidas con poca presencia estatal, en su mayoría indígenas.
«La situación los empuja a entrar», subraya, «y no tienen opciones de salir».
Alias ‘Selena’
Morales dice que pensó en huir desde el día en que fue reclutada a la fuerza en Barrancabermeja (noreste) mientras iba a comprar el desayuno para el colegio. Pero pasaron 11 años.
«Fusilaron a muchos niños que no querían estar, muchos se suicidaron», explica la mujer, de cabello y ojos oscuros como tinta y brazos morenos cubiertos de tatuajes. Al contarlo, dice, su cuerpo todavía revive el «horror».
La violaron a los 15 días de llegar al campamento y desde entonces las agresiones sexuales fueron sistemáticas. Era mejor «morirme que seguir viviendo eso», asegura.
Cortó todo contacto con su familia, que lloraba su muerte cada dos o tres años. Una vez le avisaron que paramilitares habían asesinado a su hermano y ella se sintió «culpable» pues «uno dice ‘lo mataron porque soy guerrillera’».
Más tarde supieron que seguía viva porque logró enviarle a la familia a sus dos hijos nacidos de esas violaciones, sorteando las presiones de los comandantes para que abortara. «Una mujer embarazada era un desprestigio», recuerda.
‘Selena’ fue locutora de una emisora de la guerrilla y combatió junto al bloque de Pastor Alape, cuyo hombre de confianza era alias ‘Jairo Mechas’, hoy congresista por una de las curules que el acuerdo de paz dio a las FARC para iniciar su actividad política.
Escapó una noche de julio de 2007, tras herir a un comandante que intentó violarla. El reencuentro con su familia, su cabello teñido y el nuevo escondite en Bogotá fueron «un impacto», dice, pero tenía que empezar a «ser normal».
Dolor hecho resiliencia
Morales se entregó y, aunque el miedo y las amenazas nunca desaparecieron, empezó su nueva vida con su pareja e hijos, a quienes le cuesta abrazarlos por las «secuelas» del conflicto.
En 2018 fue una de las fundadoras de la Corporación Rosa Blanca, una organización que ofrece apoyo legal y psicológico a «víctimas del reclutamiento forzado, violencia sexual y abortos forzados».
Surgió del «dolor» de mujeres que se sintieron excluidas del acuerdo de paz y hoy acompaña a casi mil exguerrilleros y trabaja para prevenir el reclutamiento de menores ante lo que Morales denuncia como inacción estatal.
Tras el atentado contra Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro informó que el agresor había abandonado un programa de su gobierno y llamó a evitar que más jóvenes caigan en «las redes del odio» y a «proteger al niño antes de que lo conviertan en asesino».
Lo que falta, dice Morales, es eso que buscan desde Rosa Blanca: «Preocuparnos, cuidarnos los unos a los otros, entender que podemos cometer errores, podemos fallar hoy, mañana, pero eso no define nuestro futuro».
EFE
