El sur de Venezuela durante el lapso enero-abril de 2025 se caracterizó por una grave crisis socioambiental, impulsada principalmente por la minería ilegal, cuyas implicaciones trascienden la degradación ecológica para incidir profundamente en la violación sistemática de derechos humanos, la erosión de la democracia y la ausencia de un estado de derecho efectivo.
Por Observatorio Sur de Venezuela
En el estado Amazonas, la expansión de la minería ilegal, controlada por grupos armados irregulares (GAI), se tradujo en violaciones de derechos humanos fundamentales para las comunidades indígenas, incluyendo amenazas a la vida, la seguridad y la libertad. El reclutamiento forzado de jóvenes y el desplazamiento de comunidades son síntomas directos de la falta de protección estatal y la impunidad de estos grupos, evidenciando la debilidad del estado de derecho. La limitada capacidad de las instituciones democráticas para garantizar la ley y el orden en estas zonas permite que la violencia y la ilegalidad prosperen.
En Bolívar, la minería ilegal a gran escala generó aberrantes violaciones de los derechos de la niñez a través de la explotación laboral infantil. La violencia y el control territorial de grupos criminales como el «Tren de Guayana», con denuncias de extorsiones y fosas comunes, demuestran una ruptura del estado de derecho y una penetración del crimen organizado en las estructuras sociales. La posible complicidad de actores estatales en estas actividades socava la confianza en las instituciones democráticas y perpetúa la impunidad, favoreciendo intereses particulares por encima del cumplimiento de la ley y la protección de los derechos.
En Delta Amacuro, la migración forzada de los indígenas warao, resultado de la precariedad y la falta de oportunidades, refleja la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos y la marginación sistémica de estas comunidades. La vulnerabilidad y la discriminación que sufren en otros territorios evidencian la falta de un estado de derecho que proteja sus derechos fundamentales y la debilidad de una democracia que no logra asegurar su bienestar.
En el territorio Esequibo, la disputa territorial se vincula a la soberanía sobre los recursos naturales, con implicaciones para la aplicación del derecho internacional y la estabilidad regional. La politización de la disputa y la falta de una resolución pacífica pueden exacerbar las tensiones y reflejan la fragilidad de los mecanismos democráticos para la resolución de conflictos.
Transversalmente, la falta de transparencia y rendición de cuentas, la debilidad de las instituciones, la corrupción y la impunidad son factores que alimentan la crisis socioambiental y la consecuente violación de derechos humanos, al tiempo que erosionan el estado de derecho y debilitan la democracia en el sur de Venezuela. La limitada participación ciudadana y la desprotección de los defensores de derechos humanos y ambientales son síntomas de este grave panorama.
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