Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto la tarde de este viernes una reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución política de Nicaragua en lo relativo a la pérdida de la nacionalidad. La nueva ley, en un nuevo giro represivo contra la población de Nicaragua, establece que los ciudadanos que hayan obtenido una segunda nacionalidad de manera automática perderán la nicaragüense. La decisión, después de su aprobación por los leales diputados sandinistas, ha sumido en la zozobra a un país entero por dos interrogantes claves. ¿Será de aplicación retroactiva? ¿Implicará confiscación de bienes, tal cual ha sucedido a los más de 400 opositores de toda índole desnacionalizados?
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