A 27 días de la visita de Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, las condiciones de reclusión de los 1.840 privados de libertad continúan deteriorándose. Lo que generó expectativas de mejora entre la población penitenciaria terminó convirtiéndose en nuevas promesas incumplidas, mientras persisten graves vulneraciones a los derechos humanos dentro del recinto.
Familiares de los internos se comunicaron con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), mientras que presos sociales hicieron llegar una carta en la que describen una serie de situaciones que afectan directamente su salud física y mental.
Una de las principales denuncias está relacionada con la alimentación suministrada por el penal. De acuerdo con los testimonios recibidos, en reiteradas oportunidades los internos han recibido sardinas en estado de descomposición, lo que ha provocado múltiples enfermedades intestinales.
A esto se suma un menú diario limitado a arepas amarillas sin acompañantes y pasta, una dieta que no cumple con los requerimientos calóricos mínimos necesarios para una persona privada de libertad.
El ingreso de alimentos enviados por familiares también se ha visto restringido. Según denuncian, durante los días de visita o recepción de paquetes, los funcionarios decomisan gran parte de los productos, por lo que solo una mínima cantidad logra llegar a manos de los internos.
“Ellos tienen una panadería en donde trabajan varios internos, ese pan que se hace allí era para la población reclusa e incluso había venta, el beneficio de ello era para los mismos internos quienes ayudaban a su familia, pero esto cambió, ahora si quieren un pan deben comprarlo y el dinero presuntamente va a manos del director”, denuncia un familiar, misma situación que fue confirmada en la carta que envió a OVP un privado de libertad.
Asimismo, familiares e internos denunciaron que el director del penal ha limitado y condicionado los espacios de trabajo y recreación. El taller de carpintería dejó de funcionar y la cancha deportiva fue cerrada, impidiendo incluso la realización de actividades físicas básicas dentro del recinto.
El acceso al agua potable representa otra carga para la población reclusa. El suministro se realiza mediante camiones cisterna y cada interno debe pagar 150 bolívares por un tobo de agua semanal, destinado al consumo, aseo personal, limpieza de espacios y lavado de uniformes.
La cantidad resulta insuficiente, obligando a los reclusos a adquirir más recipientes, pagos que según denuncian terminan igualmente en manos de funcionarios del penal.
En relación con el comportamiento del director de Fénix Lara, Héctor Maraima, familiares e internos aseguran que las humillaciones y los maltratos verbales son constantes. Quienes intentan formular reclamos son aislados o amenazados con traslados a otros centros de reclusión.
La asistencia médica dentro del penal es prácticamente inexistente. Las enfermedades intestinales, dermatológicas y respiratorias se han vuelto recurrentes sin que los internos reciban atención médica especializada ni tratamientos oportunos.
Durante la visita realizada por el ministro Julio García Zerpa, los privados de libertad expusieron estas mismas problemáticas y recibieron el compromiso de que serían atendidas. Sin embargo, hasta la fecha no se registra ninguna mejora ni acciones concretas orientadas a resolverlas.
Cabe destacar que la mayoría de las personas recluidas en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara cuentan con condena firme y esperan la realización de estudios sociales necesarios para optar a fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, como el destacamento de trabajo.
Durante la visita ministerial, varios detenidos fueron evaluados y se les informó que en una o dos semanas recibirían respuesta. Transcurrido más de un mes, continúan sin información oficial.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado que estas prácticas se repiten en distintos centros penitenciarios del país, evidenciando el agravamiento de la deuda judicial y humanitaria que el Estado venezolano mantiene con las personas privadas de libertad, sin que hasta ahora se adopten medidas efectivas para revertir esta situación.
El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado garantizará un sistema penitenciario enfocado en la rehabilitación de los internos y el respeto a sus derechos humanos y tiene 26 años siendo letra muerta.
NP
