El tribunal de primera instancia de Curazao declaró sin lugar el recurso intentado por una venezolana para impugnar la negativa de las autoridades de la isla, en cuanto al otorgamiento de una medida de protección por razón de persecución política.
La mujer -cuyo nombre fue omitido en los registros del caso- solicitó asilo ante el gobierno de la isla en septiembre de 2024. En esa oportunidad, alegó que era perseguida por el gobierno venezolano, luego de haber participado en una protesta callejera en Coro, capital del estado Falcón, para rechazar los constantes apagones.
“Durante la manifestación, la gente se amotinó y prendió fuego a gomas (cauchos). Como resultado, la alcaldía se incendió. Tres o cuatro días después, la demandante recibió amenazas telefónicas. Si no pagaba 1.000 dólares estadounidenses, sus agentes la denunciarían por resistencia al gobierno”, indica el alegato presentado por la mujer.
La solicitante efectuó un primer intento de asentarse en la isla en septiembre de 2023. De inmediato, fue detenida. En diciembre de ese año el gobierno curazoleño decidió expulsarla y negarle la entrada por tres años.
Pero en enero de 2024 ella ingresó nuevamente en lancha. Tres meses después, fue detenida otra vez. En mayo, logró postergar una nueva expulsión al solicitar asilo.
Además del hecho relacionado con la protesta en Coro, indicó que huía de Venezuela debido a la “mala situación económica general”.
Revisión de hechos
Para declarar infundada la petición, el Ministerio de Justicia a cargo de Shelton Hato llevó a cabo una revisión de fuentes abiertas relacionadas con los hechos referidos por la venezolana.
Por ejemplo, la mujer no recordaba la fecha precisa de la manifestación que ella dijo haber iniciado y que presuntamente precipitó su salida del país. De igual forma, no sabía el nombre del alcalde contra el que protestaban.
“Tampoco ha presentado ningún documento que acredite la manifestación. Ha presentado fotos de un incendio, pero estas provienen de un sitio web de acceso público y muestran un incendio distinto al que se refiere la demandante. Además, el relato inicial de la demandante no coincide con lo que se aprecia en las fotos”, indicó el juez Sander Lanshage en su sentencia.
En la audiencia, el representante gubernamental sugirió una posible inconsistencia en los hechos referidos, pues el único ataque incendiario contra el gobierno municipal de Coro fue reportado durante una manifestación llevada a cabo el 29 de julio de 2024, cuando la mujer ya se encontraba en la isla.
Además, la demandante afirmó en su alegato inicial que su casa fue visitada por una comisión de la Policía Técnica Judicial, un órgano que no existe desde 2001.
El magistrado coincidió con el despacho de Justicia, en el sentido de que la venezolana no correría ningún peligro si es enviada de vuelta a su país.
La sentencia del juez Lanshage refleja además que Curazao no escapa a los coletazos de la inestabilidad política venezolana, posterior a la elección del 28 de julio. El letrado indicó que solo en esa jornada se llevarían a cabo seis audiencias de apelación a solicitudes de asilo denegadas por el gobierno de la isla.
Según la plataforma R4V, que monitorea la diáspora venezolana, para finales de 2024 permanecían en Curazao 17 mil venezolanos. De ellos, 11.900 requieren de algún tipo de protección.
