La vigencia del «Estado de Conmoción Exterior», decretado por el régimen chavista tras los sucesos del pasado 3 de enero, ha desatado una ola de incertidumbre jurídica y denuncias ciudadanas sobre el alcance de las facultades policiales en los puntos de control. Ante el incremento de reportes sobre funcionarios revisando teléfonos móviles en alcabalas bajo el argumento de la seguridad nacional, expertos legales y autoridades regionales han salido al paso para aclarar los límites de esta medida excepcional frente a los derechos constitucionales.
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Si bien el comunicado emitido por el Ministerio de Comunicación e Información confirma que el decreto permite la militarización de infraestructura estratégica y la restricción de garantías como el libre tránsito y la reunión, la ONG Acceso a la Justicia aclaró que esta normativa no otorga carta blanca para revisiones arbitrarias. La organización explicó que, aunque el artículo 5 del documento faculta a los órganos de seguridad para la búsqueda y captura de personas vinculadas al ataque militar, esto no autoriza legalmente la inspección indiscriminada de dispositivos móviles ni limitaciones generales a la privacidad de los ciudadanos que no estén bajo investigación directa.
La controversia radica en la protección constitucional que sigue vigente. El director de la Policía del estado Zulia, General José Salvador Viloria Sosa, fue enfático al reiterar que ningún funcionario está autorizado a revisar celulares durante procedimientos de rutina, salvo en casos excepcionales de flagrancia y con notificación previa. El jefe policial recordó que el artículo 48 de la Constitución protege el secreto de las comunicaciones privadas, por lo que cualquier revisión sin orden judicial constituye un abuso de poder y una violación al debido proceso, instando a la ciudadanía a no validar estas prácticas irregulares.
A esta postura institucional se sumó el alcalde chavista de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, quien ratificó la prohibición absoluta de que efectivos policiales exijan el desbloqueo de equipos personales en alcabalas móviles. El burgomaestre exhortó a la población a formalizar las denuncias contra los uniformados que intenten sobrepasar sus funciones, reconociendo que su despacho ha recibido múltiples reportes de estos abusos que se difunden viralmente a través de plataformas como TikTok.
No obstante, la confusión persiste en otras jurisdicciones del país. El Instituto Autónomo Policía Municipal de Sucre, en el estado Miranda, tuvo que desmentir recientemente una circular falsa que circuló en redes sociales, la cual prohibía supuestamente estas revisiones bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Al declarar el documento como fraudulento, la institución dejó en evidencia el vacío informativo que existe en las calles, donde los ciudadanos intentan navegar entre la normativa constitucional que protege su privacidad y la interpretación que los cuerpos de seguridad aplican bajo la sombra del decreto de emergencia.
