El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, condenó “enérgicamente” la agresión que sufrieron las representantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, la noche del 5 de agosto, por parte de presuntos colectivos armados. El hecho ocurrió durante una vigilia que realizaban las personas a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
El Programa Venezolanos de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que la mujeres fueron atacadas con objetos contundentes y golpes por sujetos no identificados.
La organización no gubernamental (ONG) aseguró que las carpas que levantaron las manifestantes frente al ente judicial fueron destrozadas. Además, algunas de las mujeres habrían sido víctimas de “robo y otras agresiones”.
Estas mujeres, familiares de los detenidos en el contexto poselectoral de julio de 2024, exigían poder reunirse con la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, para que revise los casos de estos detenidos porque. Alegaron que no ha habido excarcelaciones desde marzo de 2025.
Detalles del ataque y dificultad para realizar las denuncia
De acuerdo con las denuncias de Provea y otras ONG, los agresores habrían llegado la noche del 5 de agosto en 50 motocicletas, armados y encapuchados.
Otro aspecto grave que denunciaron las organizaciones fue la “ausencia total” de funcionarios policiales o militares que resguardaran la integridad de las manifestantes, situación que fue catalogada como una forma de “revictimización y negligencia” por parte de las autoridades.
Tras el ataque, las víctimas intentaron formalizar sus denuncias ante cuerpos de seguridad, sin embargo, enfrentaron obstáculos. La ONG Surgentes detalló que en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) “se negaron” a recibir la denuncia inicialmente, y la Fiscalía les impuso una serie de requisitos y trabas que dificultaron registrar formalmente los hechos.
El comité está conformado por madres y esposas de presos políticos y se encargan de denunciar las condiciones en las que se encuentran estos en los distintos centros de reclusión del país.
Lo que dijo el defensor del Pueblo
En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la Defensoría del Pueblo, Ruiz hizo un llamado a las víctimas para que realicen las denuncias formalmente ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
“Todo hecho de violencia contra personas pone en riesgo la vida e integridad”, dice el comunicado. También instó a la población a evitar este tipo de actos, que tildó de “contraproducentes” y que causan daños personales y consecuencias judiciales para quienes lo cometen.
“La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos, haciendo un llamado a toda la ciudadanía a evitar cualquier tipo de violencia, discriminación o acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas”, reza la misiva.
La mujeres que conforman este comité han realizado varias manifestaciones desde 2024 para exigir la liberación de los detenidos, entre ellos adolescente, en el contexto poselectoral.
De acuerdo con el último balance del Foro Penal, hasta el 5 de agosto habían 807 presos políticos en Venezuela. De ese total, se desconoce el paradero de 44 de los detenidos mientras que 33 de los arrestados son extranjeros.
Concentración en apoyo al Comité de Madres
Por otro lado, el Colectivo de Derechos Humanos Surgente anunció el 7 de agosto una concentración en solidaridad con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad tras sufrir la agresión fuera del TSJ en Caracas.
La convocatoria está pautada para el 8 de agosto afuera de la sede de las Naciones Unidas, en Altamira, estado Miranda, a partir de las 2:00 pm.
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