Exiliados de Venezuela en Miami, Florida (Estados Unidos), pidieron el 7 de octubre al presidente Donald Trump diferir la deportación, por al menos 18 meses, de los migrantes venezolanos tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que protegía a un total de 600 mil extranjeros de esta nacionalidad.
Los Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavez) solicitaron en una carta abierta a Trump que emita una salida forzosa diferida (deferred enforced departure, DED) para proteger de la deportación a los connacionales llegados antes del 6 de octubre de 2025.
Las agrupaciones, con sede en Miami, consideraron que esta medida, que Trump ya implementó durante su primera presidencia, en enero de 2021, refuerza la política exterior de EE UU, al mantener la presión diplomática sobre el gobierno de Nicolás Maduro sin comprometer su agenda migratoria.
«Esta medida humanitaria salvaguarda vidas, evitando retornos forzosos a condiciones de inseguridad extrema. Apoya la economía estadounidense, preservando la estabilidad de una fuerza laboral calificada y productiva», sostuvieron.
Su pronunciamiento ocurre tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitió el 3 de octubre a la administración de Trump revocar el TPS de los venezolanos. Esta medida afecta a cerca de 300 mil personas con permisos vigentes, mientras que otros beneficiarios ya tenían permisos expirados en abril, y el resto con vencimiento previsto para noviembre próximo. En total, aproximadamente 600 mil venezolanos habían estado protegidos por el TPS, muchos de los cuales podrían quedar en situación legal incierta.
Asimismo, el 5 de octubre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) confirmó con una alerta en su página web la suspensión del beneficio migratorio para los venezolanos, al considerar Venezuela ya no cumple con las condiciones para la designación del TPS.
La petición de la PUD
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió el 3 de octubre al gobierno estadounidense que revise en un «tiempo perentorio» su política migratoria tras dicha decisión.
Similar a la PUD, los exiliados alertaron de que «la crisis humanitaria en Venezuela persiste con extrema gravedad», pues «la represión política, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y el colapso de los servicios básicos han forzado el desplazamiento de más de siete millones de personas».
Las asociaciones, con sede en Miami, resaltaron los efectos en Florida, donde residen alrededor del 49 %, de los cerca de 770 mil venezolanos que hay en Estados Unidos, la mayoría llegados desde la década de 2010.
«Reconocemos y valoramos su compromiso con la seguridad nacional y el Estado de derecho. El DED constituye una solución temporal, responsable y compasiva, que se alinea con los precedentes de su propia administración y con la tradición humanitaria que distingue a los Estados Unidos ante el mundo», concluyeron VEPPEX y AMAVEX.
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